Fuente: Tomado de la presentación ejecutiva del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Morales Owseykoff, Tamara1
El presente escrito se encuentra motivado sobre la base del cambio morfológico que ha venido presentándose en México desde el 2012, con la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales impulsadas por el denominado “Pacto por México”, encabezadas por las principales fuerzas políticas del país. De esa manera, es que, en primer término, a lo largo del documento, se expone el contexto que motivó la iniciativa de las reformas y particularmente la incidencia en las Sociedades Mercantiles. En un segundo momento se precisan la incidencia de estos cambios jurídicos en la economía, y finalmente, se exponen las principales los cambios para la competitividad pasando por el concepto de mejora regulatoria.
Palabras claves: Sociedades Mercantiles, Competitividad, Mejora Regulatoria, desarrollo
The present paper is motivated based on morphological change which has been presenting is in Mexico from 2012, with the setting up a set of structural reforms driven by the so-called "Pact for Mexico", headed by the main political forces in the country. Thus, it is that, firstly, throughout the document, described the context that gave rise to the reform initiative and particularly the incidence in commercial companies. The incidence of these legal changes in the economy are required in a second time, and finally, major outlined changes to competitiveness through the concept of improvement regulatory.
Keywords: Mercantile Society, Competitiveness, Regulatory Improvement, Development.
Diversos autores como (Rodrik 2011, Stiglitz 2015 y Ferrajoli 2015) han señalado la vinculación que existe entre la certeza jurídica y la funcionalidad de una economía. Evidentemente estos autores puntualizan la necesidad de buscar normas flexibles que se adapten a una globalización sumamente absorbente y competitiva.
La globalización ha generado constantes cambios económicos como la eliminación de barreras comerciales, la interdependencia y la celebración de tratados; dichas consecuencias nos inducen, cada vez más, a participar activamente en el intercambio comercial de bienes y servicios, y en ello va implícita la incursión de los particulares en la actividad mercantil.
De nueva cuenta el Estado entra en un proceso de reacomodo y se integra el fenómeno globalizador (finales del siglo XX) en el que la economía ya no es regida por el ente estatal, sino por las grandes corporativas trasnacionales y los organismos mundiales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es entonces que, mediante la privatización, la desregulación y la desincorporación de ciertas actividades económicas como la telefonía, los servicios de banca, el servicio aeroportuario, los energéticos, etc., que los particulares participan más activamente en todo tipo de empresas.
En este caso el papel del Estado se reduce al control de la actividad económica mediante la aplicación de la ley, y su participación será a través de agencias u órganos reguladores como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la Comisión de Competencia Económica (COCE), esto es, paulatinamente el Estado deja el escenario para dedicarse a funciones públicas más importantes, como la seguridad, la educación y la salud de los gobernados.
Cabe reconocer que, aunque el derecho de la competencia es un derecho poco conocido, se está convirtiendo en el derecho público de ordenación de la economía; ya que, para corregir los excesos del neoliberalismo, aparece la necesidad de prevenir riesgos, principalmente en ambiente, salud, seguridad del trabajo y seguridad pública.
Ante ello, México tenía prácticamente poco más de 20 años que no modificaba las columnas que daban cimiento a dicha funcionalidad. Así, con el propósito de mover a México, hacia a una trayectoria de mayor bienestar para las familias, se ha promovido un plan de cambio integral con las Reformas Educativa, de Telecomunicaciones, Laboral y que continúa a través de la Financiera, Energética, Hacendaria y Social. Esta Reforma Hacendaria y Social es una parte fundamental de crear un México más próspero y más equitativo.
Para ello, las instituciones requieren fortalecer la inercia del mercando, en el entendido de que el comercio, en su acepción económica, consiste en esencia en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores con el propósito de lucro. De ello se desprende la necesidad de una persona especialista en esta tarea de comercio a la que se conoce como comerciante y que, económicamente, se define como la persona que practica de manera profesional la actividad de interposición o de mediación entre productores y consumidores.
Aquí, la justificación del derecho mercantil consiste en la regularización de los actos y las relaciones de los comerciantes. Sin embargo, el cambio del derecho mercantil va más allá del concepto económico. El derecho mercantil ya no es, como era en su origen, un derecho de los comerciantes y para los comerciantes en ejercicio de su profesión (sistema subjetivo); el derecho mercantil mexicano vigente es un derecho de los actos de comercio, aunque en muchos casos el sujeto que lo realiza no tenga la calidad de comerciante (sistema objetivo).
Entendido dicho concepto el presidente Peña, y ejerciendo la facultad que le confiere la Constitución Política de los EUM y con fundamento en la propia Constitución, la Ley de Planeación, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentó el Plan Nacional de Desarrollo(PND) 2013-2018.
El PND 2013 – 2018 proyecta, en síntesis, busca hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución.
En el PND se trazan los grandes objetivos de las políticas públicas y se establece las acciones específicas para alcanzarlos. En este documento a través de ese documento de programación y presupuestación, se rige toda la Administración Pública Federal. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo primordial llevar a México a su máximo potencial. Para ello se establecen cinco Metas Nacionales y tres Estrategias Transversales para todas las políticas públicas.
El Plan establece 31 objetivos, 118 estrategias, 819 líneas de acción y 14 indicadores, plasmando de manera concreta y específica el camino para lograr las metas nacionales.
Se determina que los derechos plasmados en la Constitución pasen del papel a la práctica. Se ubica al ciudadano como un agente de cambio, protagonista de su propia superación. Se delinea una política de fomento económico que entiende el papel del Estado en la economía como facilitador del desarrollo: un gobierno que elimina obstáculos que impiden a sectores o regiones alcanzar su máximo potencial. Se señala que la educación debe impulsar las competencias y habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los más altos valores.
Fuente: Tomado de la presentación ejecutiva del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Se plantea un México que sea una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad. El espacio que le da cabida a las reformas en materia mercantil y de competencia obedece a la idea de un México Próspero que detone el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.
Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital, insumos y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.
Asimismo, esta meta busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una regulación que permita una competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos.
Un México Próspero que detone el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, unas de esta pueden lograr ser la apertura rápida de empresas.
Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital, insumos y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.
Asimismo, esta meta busca prover condiciones favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una regulación que permita una competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos.
Así, el 8 de septiembre de 2013, el presidente Peña Nieto presentó la propuesta de Reforma Hacendaria. Tras su discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, el 31 de octubre se aprobó una reforma con la que se fomentaría el crecimiento económico y aportaría componentes con sentido social.
De igual forma, presentó una propuesta de Reforma Financiera que modificó 34 ordenamientos en 13 iniciativas y cuyos cuatro objetivos fundamentales fueron:
Para lo anterior había que dar cara con un marco de derecho privado eficaz para la generación de negocios que elevara la productividad, ante ello es que suscitó la pujante actividad de reformas en materia mercantil.
Estas recientes Reformas Constitucionales realizadas por el presidente de México, obligaba a la revisión, modificación o actualización de teorías y prácticas en distintas áreas del conocimiento, que permitan el desarrollo y aplicación congruente de las mismas.
Ejemplo de lo anterior, y como resultado de las Reformas Financiera, Fiscal y Hacendaria específicamente, podemos mencionar la revisión de distintas Leyes, las cuales podrían caer en la obsolescencia o contradicción con algunas de estas reformas.
Ya que el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica no son un fin en sí mismo, sino un medio para propiciar el desarrollo, abatir la pobreza y alcanzar una mejor calidad de vida para la población. El desempeño de la economía mexicana durante las últimas tres décadas ha sido inferior al observado en otros países.
En tanto que de 1981 a 2013 México creció, en promedio, a una tasa anual de 2.4%, Chile y Corea se expandieron anualmente en 4.9 y 6.2%, respectivamente. Una de las razones es la reducida productividad de nuestra economía.
De hecho, en tanto que en Chile y en Corea la productividad aumentó a tasas anuales de 1.1 y 2.4% desde inicios de los ochenta, en México la productividad cayó anualmente en 0.7% en el mismo lapso.
Es decir, en este periodo nuestra capacidad de producir bienes y servicios con los recursos productivos a nuestra disposición se contrajo. Para poder mejorar el nivel de vida de la población es necesario incrementar el potencial de la economía de producir o generar bienes y servicios, lo que significa aumentar la productividad.
Este potencial depende de la capacidad de la fuerza laboral, la utilización del capital y la productividad total de los factores. El concepto de productividad se refiere a la forma en que interactúan los factores en el proceso productivo, es decir, la tecnología, la eficiencia y la calidad de los insumos de la producción.
A lo largo de los últimos 18 años, la estabilidad macroeconómica en nuestro país se ha consolidado. México se distingue en el mundo por el manejo responsable de su política económica.
En primer lugar, es posible mejorar la eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del gasto público.
Para ello, se debe implementar un adecuado diseño de procesos, fortalecer los mecanismos de medición de resultados de los programas presupuestarios y facilitar la implementación de las mejores prácticas para incrementar la eficiencia del gasto. Segundo, se debe mejorar la capacidad del Estado Mexicano para atender las necesidades más urgentes de la población, incluyendo áreas como salud, educación, investigación y desarrollo, infraestructura y seguridad.
Tercero, aún existe una alta dependencia de los ingresos públicos de origen petrolero que, aunada a la volatilidad del precio del crudo y la plataforma de producción, representan una fuente de incertidumbre, variabilidad y riesgo para las finanzas públicas.
Cuarto, es necesario robustecer la recaudación destinada a la seguridad social. En México, dichos ingresos, incluso considerando las aportaciones a las cuentas individuales de pensiones, equivalen al 40% del promedio de la OCDE.
Quinto, la recaudación de gobiernos subnacionales (estatales y municipales) es baja. Los ingresos tributarios de los gobiernos locales son aproximadamente una décima parte del promedio de la OCDE. Las entidades federativas y los municipios requieren de haciendas públicas más fuertes para llevar a cabo sus planes de trabajo.
Sexto, es factible fortalecer la administración tributaria. En 2012, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó 34,000 actos de auditoría, que representaron sólo el 0.3% del universo obligado a declarar y el 1.1% de los declarantes efectivos. Del universo de contribuyentes obligados y no obligados a declarar, estos actos representan el 0.1%. En el segmento de grandes contribuyentes, los países desarrollados tienen una presencia fiscal cercana al 50%, mientras que en México es de sólo 7.3 por ciento.
Finalmente, el sector informal merma la capacidad de recaudación del Estado. El porcentaje de la fuerza laboral no declarada para fines fiscales en 2008 fue de 30.9%. Se debe fortalecer la capacidad para captar a este sector simplificando los esquemas de cumplimiento y propiciando la gradualidad de la incorporación, así como ejerciendo eficazmente las facultades con las que se cuentan.
Lo anterior implica:
Un caso específico de esta posibilidad lo representa la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), la cual sólo ha sufrido una modificación desde 1934, misma que se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 15/12/2011, a través del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Decreto que entró en vigor el 1 de enero de 2012. Fuera de esta pequeña modificación, la LGSM no había sufrido cambio alguno desde su creación, motivo por el cual se realizó un breve trabajo de investigación para hacer una revisión que permita determinar su validez, en relación con las actuales Reformas Constitucionales.
Lo anterior se llevó a cabo a través de un estudio correlacional concluido en el 2014, cuyo propósito fue conocer la correspondencia existente entre uno o más conceptos, categorías o variables de nuestro contexto particular (las Sociedades Mercantiles, las Reformas Constitucionales y todo lo que de esto se derive) y con ello determinar la validez o no de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
En el 2014, se concluyó un breve estudio correlacional cualitativo, que tuvo como propósito conocer la correspondencia existente entre uno o más conceptos, categorías o variables de nuestro contexto particular que eran las Sociedades Mercantiles, las Reformas Constitucionales y todo lo que de esto se derivaba, y con ello determinar la actualidad o no de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Para ello en el presento documento realizamos un cuadro que permite ilustrar este cambio estructural en materia mercantil (véase cuadro 1)
A partir de que la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
En el documento emitido por la Presidencia de la República, la dependencia incorpora a la “sociedad por acciones simplificada" (SAS), a la que define como a aquella que se constituye con una o más personas físicas que sólo están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones.
Aclara que en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil si su participación les permite tener el control de la sociedad o de su administración.
Con esa adhesión, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles Simplificadas, con la cual, dijo, nunca había sido tan sencillo, rápido y económico crear una empresa en México1 .
De esta manera, el documento publicado detalla los requisitos para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada, entre ellos que haya uno o más accionistas y que éstos cuenten con certificado de firma electrónica avanzada vigente.
En la promulgación, el Ejecutivo federal comparó que mientras con la legislación anterior el costo promedio para crear una empresa era de 20,000 pesos y el trámite tardaba hasta seis días, en el mejor de los casos, ahora se hará en 24 horas y de manera gratuita.
Señaló -en su momento- que antes era necesario acudir ante un notario o fedatario público, pero con la reforma el proceso se puede hacer vía Internet y sin pago de los servicios profesionales de un abogado, contador o administrador para asesorarse y constituir su empresa.
Aclara que en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional, para la constitución de la sociedad por acciones simplificada. Esas acciones se sustentan además en la facilidad para hacer negocios dando al traste al fenómeno de la corrupción como podemos observar en la gráfica 1, donde 44% de las personas que quieren realizar un trámite se encuentra propensa a esto, de esa forma esta ley genera certeza en la apertura de negocios.
Adicionalmente, en esta investigación podemos que la reforma a las leyes mercantiles, no son una casualidad, sino una consecuencia de una macrotendencia, y así se da cumplimento con el estudio del Banco Mundial "Doing Business" el cual mide el número de trámites, el tiempo y los costos relacionados con la apertura y operación formal de una empresa. Esto se aplica para las pequeñas y medianas empresas de responsabilidad limitada. Los principales supuestos son: la empresa es 100% de propiedad nacional, el capital inicial es 10 veces el ingreso per cápita del país, el número de empleados es de entre 10 y 50 personas en el primer mes de operaciones y se involucra en actividades industriales o comerciales. Se utilizan cuatro variables para medir las características mencionadas anteriormente:
Dicha investigación se centró en establecer las posibles contradicciones u omisiones, que dificultarían la correcta y eficiente aplicación de las reformas en relación con las Sociedades Mercantiles y su Ley General, lo cual nos llevo a generar la siguiente hipótesis: “La obsolescencia de La Ley General de Sociedades Mercantiles, facilita la correcta y eficiente aplicación de las actuales Reformas Constitucionales”.
Sin embargo, estas, no son obsesiones del Estado Mexicano, es una obligación supranacional a partir de que nuestro país debería mejorar su esquema para la mejora y apertura de negocios donde participan diversos actores a fin de mejorar el entramado jurídico para la economía.
Fuente: Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG (2013)
Como fuente de derecho en materia mercantil se halla que un ambiente propicio para los negocios es un factor importante para la prosperidad económica. Hacerles la vida más sencilla a las empresas y facilitar la entrada al mercado formal promueve la competitividad y el crecimiento. Si bien es necesaria la regulación para abrir y operar empresas, en ocasiones su implementación se vuelve un proceso complejo y costoso, lo que desalienta la actividad empresarial.
Lo anterior, sustenta la idea de la reforma en materia mercantiles. Para ejemplificar en mejor medida, dichos elementos véase el esquema número 1.
Fuente: Guía para Mejorar Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipal e Impulsar la Competitividad de México.
Cuando un emprendedor debe cumplir con numerosos trámites para obtener los permisos, las autorizaciones y los documentos necesarios para iniciar y operar una empresa, y tiene que tratar con muchas dependencias de los tres niveles de gobierno, se generan redundancias, retrasos y costos adicionales. Además del pago de derechos, cargos e impuestos, los empresarios incurren en un costo de oportunidad por el tiempo que invierten en cumplir con los trámites administrativos.
Esto puede llevar también a la aparición de “intermediarios” que gestionan trámites (con frecuencia incurriendo en irregularidades) y hacen que el costo de apertura de una empresa sea excesivo.
Los trámites complicados y los retrasos con frecuencia obligan a algunos empresarios a claudicar y abandonar sus proyectos, otros deciden continuar sin sujetarse a todos los trámites requeridos; de hecho, muchos terminan desarrollando su actividad empresarial en el sector informal. Los negocios que operan en la informalidad, al tratar de pasar desapercibidos por las autoridades, limitan significativamente su potencial de crecimiento y creación de empleos.
Los estudios de la OCDE sobre cargas administrativas a nuevas empresas sugieren que existen importantes oportunidades para que México mejore en relación con los otros países miembros. Estos estudios muestran que las economías con los más bajos niveles de productividad también imponen las más altas cargas administrativas a las empresas. En cambio, los países donde las barreras de entrada son bajas, como Canadá o Suiza, son más exitosos al incrementar su productividad, y con ello ofrecer un mayor bienestar a los ciudadanos.
En resumen, simplificar los trámites empresariales y, con ello, mejorar el ambiente de negocios, facilita la creación de empresas en el sector formal de la economía y, por ende, promueve la competencia y la productividad. Trámites sencillos reducen el costo de hacer negocios e incrementan los incentivos para operar en el sector formal, lo que fortalece la capacidad de la economía para crear nuevos empleos.
Además, trámites sencillos y eficientes eliminan incentivos para la corrupción.
El desarrollo de una política regulatoria, orientada a la mejora permanente del ambiente normativo, ha reemplazado conceptos previos como el de “desregulación”, dando lugar a la idea de la “gobernanza regulatoria”, que implica el entendimiento de los mecanismos mediante los cuales las prácticas regulatorias pueden mejorar el funcionamiento de los mercados, la efectividad del sector público y la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos. No se trata sólo de desregular, sino también de regular y de aspirar a un marco regulatorio de mayor calidad, basado en instituciones sólidas.
Los argumentos para la calidad regulatoria están justificados en la teoría y la práctica, en particular en lo que toca a sus vínculos con la productividad y el empleo. En lo que toca al primer elemento, cabe mencionar que entre los factores más destacados que influyen en el crecimiento del PIB per cápita sobresalen la utilización del trabajo (horas trabajadas per cápita) y la productividad laboral (producción por hora trabajada), los cuales, a su vez, están fuertemente influenciados por las políticas regulatorias. De hecho, la baja productividad laboral es el principal factor detrás del bajo crecimiento económico de México de las últimas décadas.
Si las regulaciones corrigen eficientemente fallas de mercado, incrementarán la productividad al permitir a los consumidores tomar mejores decisiones, propiciar la competencia en los mercados y reducir externalidades negativas de la producción. Sin embargo, las regulaciones también pueden afectar negativamente la productividad de las empresas al reducir los incentivos para invertir o adoptar.
Con ese fin, se realizan diversas modificaciones en materia de seguridad social y al sistema tributario. Las modificaciones al sistema tributario se orientan a generar los recursos necesarios para financiar la provisión de servicios de protección social, así como a dotar al país de un sistema fiscal más justo y más simple.
En el ámbito hacendario, la Reforma que se presenta está basada en seis ejes fundamentales: (i) fomentar el crecimiento y la estabilidad, por lo que se fortalece la capacidad financiera del Estado Mexicano; (ii) mejorar la equidad del sistema tributario, al fomentar una mayor progresividad en el pago de impuestos; (iii) facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para reducir la carga que las personas físicas y morales enfrentan al realizar estas tareas; (iv) promover la formalidad, reduciendo las barreras de acceso y ampliando los servicios de seguridad social; (v) fortalecer el federalismo fiscal, al incentivar la recaudación de impuestos locales y mejorar la coordinación del ejercicio del gasto, y (vi) fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) al dotarlo de un régimen fiscal más moderno y eficiente.
La propuesta de Reforma Hacendaria también está orientada a mejorar la equidad del sistema tributario del país. Para ello, se acotan o eliminan tratamientos especiales, garantizando un trato equitativo a personas con capacidades contributivas similares, y se gravan los ingresos personales que se concentran en los sectores más favorecidos de la población.
Primero, en 2014, se ideó y desarrolló la Reforma Hacendaria, cuyo fin era proveer de más recursos económicos al sistema fiscal, para así depender menos del petróleo y de la deuda. No obstante, por diversas cuestiones, los ingresos del sector público disminuyeron en un 0.4 % del PIB, del 2013 (23.6 % del PIB) al 2014 (23.2 % del PIB). En el 2015, se incrementó en un mismo 0.4 %, para finalizar, en su posición inicial, con una cifra de 23.6 % del PIB. En seguida, en 2014, hubo un incremento en el gasto público de 0.5 % del PIB, del 2013 (25.9 % del PIB) al 2014 (26.4 % del PIB). En 2015, se incrementó el gasto nuevamente en 0.7 % del PIB, para finalizar con una cifra de 27.1 % del PIB.
Para 2016, se espera un Presupuesto Base Cero o una Reingeniería del gasto; dado que aproximadamente 3/4 partes del gasto público corresponden a gastos “ineludibles”, y para ese mismo año, se estima que se logrará reducir el gasto público en un 1.3 % del PIB.
La Reforma propone la simplificación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial a través de una nueva Ley que elimina o acota los tratamientos especiales o regímenes preferenciales actualmente existentes. Con ello, se amplía la base del impuesto y se garantiza una contribución justa de todos los sectores de la economía al financiamiento de los programas de gasto público. Entre los regímenes y tratamientos especiales que se acotan o eliminan con la nueva Ley destacan:
Las medidas propuestas proyectaron ingresos adicionales en el 2014 respecto al ISR empresarial por 131 mil millones de pesos, sin considerar el efecto negativo de la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), o 16 mil millones de pesos en términos netos de la pérdida asociado a la desaparición del IETU.
En lo que respecta a la reforma fiscal proponía la disminución de multas, estímulos fiscales, exenciones fiscales, modificación en la tasa de retención del ISR por intereses que aplican los bancos, disminución en pagos provisionales de la PTU pagada, deducción del 5% del costo de lo vendido sobre mercancía donada, deducción del 25% adicional de sueldos pagados a personas con discapacidad, beneficio para aquellos que hicieran aportaciones para la producción o distribución cinematográfica y por último hacia reformas en el ISR, IVA, Derechos e información contable.
Una de las principales razones por la que una Reforma Hacendaria se volvió sumamente necesaria en México fue la baja recaudación por concepto de impuestos. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la recaudación tributaria en México, durante el 2013, representó tan sólo el 19.7 % del PIB, la cifra más baja de los países miembros de la OCDE, cuyo promedio es de 34.2 % del PIB OCDE (2016b). Por lo tanto, una Reforma Hacendaria era necesaria para crear mecanismos que aumentaran la recaudación y, de esta manera, el sector público pudiera cumplir con sus obligaciones y proveer de los servicios necesarios a la ciudadanía.
El problema de la baja recaudación en el país ha logrado ser ligeramente enmascarada debido a los altos ingresos petroleros de los años anteriores. Esto es especialmente cierto en el periodo de 2005 a 2013, en donde los ingresos petroleros fueron muy similares y, en algunos años, hasta mayores que los ingresos tributarios del Gobierno Federal. Sin embargo, los ingresos petroleros son volátiles y dependen de factores externos que no pueden ser controlados internamente. Situaciones como el aumento de la producción petrolera en Estados Unidos, una baja en la demanda en Europa y China y la situación geopolítica de Medio Oriente, que amenazaba con interrumpir el suministro de petróleo, ocasionaron que los precios del petróleo se vengan desplomado de 2014 a la fecha y las expectativas para el futuro no son muy favorables.
Esta volatilidad en los precios internacionales de petróleo presionó a la Reforma Hacendaria para hacer más robusta la recaudación tributaria y, de esta manera, evitar que situaciones externas tengan un impacto incontrolable en las finanzas públicas. Uno de los objetivos de la recaudación de impuestos es la redistribución de ingresos. México es uno de los países con mayores niveles de desigualdad de ingresos medido a través del índice Gini2 . De una muestra de 31 países.
México es el país con el coeficiente Gini más alto en 2012 OCDE (2016a). La reforma hacendaria es necesaria para crear un sistema tributario progresivo que sirva como una herramienta eficaz para la redistribución del ingreso.
La reforma hacendaria es necesaria para crear un sistema tributario progresivo que sirva como una herramienta eficaz para la redistribución del ingreso.
Las medidas antes mencionadas impactan directamente a las Sociedades Mercantiles del País. Tengamos en entendido que “Las sociedades mercantiles, en México, son aquellas cuyo fin es una especulación comercial, mientras que las sociedades civiles son un contrato que se concreta en la voluntad de los socios de obligarse a combinar sus esfuerzos o recursos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación mercantil. Las sociedades pueden definirse como los entes a los que la ley reconoce como una personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros, y que, contando también con patrimonio propio, canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es común, con vocación tal que los beneficios que de las actividades realizadas resulten solamente serán percibidos por los socios.”
El Código Civil del Estado de Veracruz, define a la Sociedad Mercantil en su artículo 261 como “un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan “. De igual forma, como ocurre con cualquier tipo de sociedad, se trata de una institución a la cual la Ley le reconoce personalidad jurídica propia y diferente de la que ostentan sus miembros. Esto significa que, a partir de la constitución de una sociedad mercantil, se le da vida a una persona moral.
En general, puede decirse que los beneficios que se persiguen con la constitución de sociedades, es poder reunir una mayor cantidad de capital para desarrollar negocios de mayor envergadura, y gozar del beneficio de la responsabilidad limitada; sin embargo, esta situación se ve modificada con las actuales reformas.
Como ejemplo basta mencionar la modificación al Título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que modifica las responsabilidades de las personas físicas con actividad empresarial, dentro de una Sociedad Mercantil.
A medida que se fueron aprobando las reformas se empezaron a modificar las leyes y para el 2014 EL H. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS había decretado que se reformaran, adicionaran y derogaran diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con la miscelánea en materia mercantil viéndose modificados un total de 87 artículos.
De acuerdo con La guía sobre Mejora Regulatoria realizado por la OCDE y la Secretaría de Economía, es que el marco regulatorio también tiene un potencial importante para disminuir el desempleo estructural, principalmente a través de regulaciones que faciliten la entrada al mercado y favorezcan la competencia, lo cual elimina rentas y hace posible la expansión de la producción. Entre las medidas regulatorias específicas que facilitan la competencia y la entrada al mercado se pueden mencionar el reducir o eliminar restricciones al comercio y la inversión extranjera, la promoción de la competencia doméstica y la simplificación de procesos administrativos para la apertura y operación de las empresas. Es en este último renglón, precisamente, donde los gobiernos subnacionales tienen una importante contribución por hacer. Esta guía pretende ser una herramienta para lograrlo.
Fuente: Tomado de Apuntes Didácticos es una colección publicada por la Auditoría Superior de la Federación https://www.asf.gob.mx/
En la mayoría de los países de la OCDE coexisten diferentes niveles de gobierno. Órganos de gobiernos centrales, respaldados por una red de instituciones y normas, funcionan junto con gobiernos regionales y locales que tienen sus propios conjuntos de normas y atribuciones. En este contexto, los diferentes niveles de gobierno tienen la capacidad de diseñar, implementar y hacer cumplir las regulaciones. Este marco regulatorio multi-nivel plantea una serie de retos que afectan las relaciones de las entidades públicas con los ciudadanos y las empresas y que, cuando es mal administrado, puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico, la productividad y la competitividad. Los retos incluyen evitar la duplicación o superposición de normas, la regulación de baja calidad, que resulta costosa, y la aplicación desigual, entre otros.
Los argumentos a favor de la calidad en el marco regulatorio nacional, en la mayoría de los casos, también se pueden aplicar a nivel subnacional. Los sistemas regulatorios a nivel local se vuelven aún más importantes a medida que las jurisdicciones subnacionales compiten por inversiones y empleos. Por lo tanto, al igual que en el marco nacional, las políticas regulatorias a nivel subnacional deben tener los siguientes objetivos:
La calidad regulatoria subnacional también es importante debido a que existe una fuerte influencia regional en la capacidad de un país para atraer inversión y crear empleos. Las políticas orientadas al desarrollo de clústers o sistemas de innovación, por ejemplo, son básicamente de carácter regional y, por lo tanto, requieren de un entorno regional favorable para las empresas, en lo que, sin duda, la calidad regulatoria desempeña un papel importante.
Las tasas bajas de evasión fiscal y de economía informal son necesarias para contar con un sistema tributario eficiente y capaz de cumplir con todas sus obligaciones y funciones. Existen estimaciones de dichos conceptos, que, sin llegar a ser definitivas, nos pueden dar una idea del tamaño de estas variables en México y otros países. En un estudio realizado por Buehn and Schneider (2012) se estima el tamaño de la economía informal y de la evasión fiscal como porcentaje del PIB en 38 países miembros de la OCDE.
Los resultados muestran que la economía informal en México representa el 8.1 % del PIB en 2010, sólo por debajo de Bulgaria (8.7 %) y de Rumania (8.4 %), pero muy por encima de países como Francia (4.0 %), Alemania (4.1 %) y Chile (5. 4 %). La evasión fiscal no muestra un panorama muy diferente. De los países analizados, México es el que, según las estimaciones, tiene una mayor evasión fiscal (3.4 % del PIB), muy por encima de Francia (1.0 %), Alemania (1.0 %) y Chile (1.9 %).
La Reforma Hacendaria es sumamente necesaria para lograr reducir tanto la evasión fiscal como la economía informal. Reducir la evasión fiscal, es decir, incentivar a que cada ente económico pague los impuestos que le corresponden, y disminuir la economía informal, es decir, aumentar la base tributaria, son condiciones necesarias para lograr aumentar la recaudación a los niveles requeridos sin aumentar los impuestos existentes o crear impuestos nuevos.
Así, el planteamiento de esta breve investigación, era determinar la actualidad o no de la Ley General de Sociedades Mercantiles con base en las Reformas Hacendaria y Fiscal propuestas por el Ejecutivo el 8 de septiembre del año 2013, partiendo del hecho de que la misma no había sufrido modificaciones sustanciales desde su creación, sin embargo, como podemos observar, era necesario llevarlas a cabo a la brevedad, por ello, durante el desarrollo de este trabajo nos encontramos con dichas modificaciones, que de alguna manera dieron validez a nuestra hipótesis que sugería que “La obsolescencia de La Ley General de Sociedades Mercantiles y Códigos que de ella se derivan, dificulta la correcta y eficiente aplicación de las Reformas Constitucionales”.
Por tal motivo, el trabajo inicialmente planteado, concluyó en una presentación de las modificaciones realizadas y demostrando que, efectivamente, la Ley General de Sociedades Mercantiles en un principio no contaba con la actualidad necesaria para responder a los cambios presentados en la Reforma. De tal forma, mencionaré algunos puntos, que considero más destacados para el sector en cuestión.
A través del Decreto, se crea una nueva sociedad mercantil denominada: Sociedad por Acciones Simplificadas (coloquialmente llamada S.A.S.). A través de esta nueva sociedad, se busca incentivar y facilitar la formalización de nuevas empresas, para simplificar su conformación y lograr una operación eficaz, que genere certidumbre jurídica y que contribuya a resolver las dificultades que actualmente enfrentan las micros, pequeñas y medianas empresas. Con ello se espera detonar e incentivar la inversión, el empleo y el desarrollo económico del país.
Las principales características de la S.A.S., son:
Es decir, con el fin de incitar el crecimiento del padrón de contribuyentes, ya que se propone que elegir esta vía para la formalización de una empresa tendrá beneficios otorgados por los ordenamientos jurídicos vigentes. Anteriormente el costo de una empresa era de aproximadamente veinte mil pesos según el Ejecutivo y con éste nuevo esquema los costos son gratuitos bajo este régimen de constitución.
Por otra parte, los accionistas de las sociedades mercantiles deberán tomar en consideración que, con la reducción en el porcentaje previsto en la LGSM para ejercer diversos derechos de minorías, bien puede cambiar la dinámica social, facilitando los controles negativos de los grupos minoritarios.
Las modificaciones que permiten detentar el control de una sociedad, sin contar con la mayoría del capital social, apuntan a la madurez del sistema corporativo mexicano, pero también reconocen las tendencias mundiales en el ejercicio de los derechos de voto de los inversionistas.
Podemos subrayar que las nuevas reformas contemplan que las sociedades mercantiles puedan realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, siempre y cuando no sean actividades ilícitas y contribuyan al desarrollo de la sociedad.
Finalmente podemos rescatar que todas las reformas a las leyes que nos rigen actualmente pueden contribuir grandemente o bien demeritar la capacidad del individuo a través de la historia, el hombre mediante los poderes correspondientes ha necesitado aunar esfuerzos para el logro de sus objetivos que de una forma singular le hubieran sido imposibles de alcanzar. Esto lo llevó a asociarse con aquellos con los que tenía intereses comunes y así es como continúa y continuará nuestro comercio fortaleciéndose.
Al final hay una nueva disyuntiva si la panacea de la competitividad por encima de los derechos sociales debe permanecer o no. Al final los calados de las reformas mostraran su verdadera incidencia cuando se comparen con esquemas de desarrollo humano y prosperidad económica en México.
1Investigadora adscrita al Instituto de la Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana; tamorales@uv.mx
