Introducción

Nuestro documento tiene un doble propósito que va más allá de atender analiticamente a la cuenca como una georreferencia por donde fluye el agua. El posicionamiento que asumimos, desde la postura de Cuenca Social como categoría analítica implica, primero, pensar a dicho lugar como un territorio donde existe un entramado social, cargado de simbolismos e historicidades que median y determinan las formas de entenderla e interactuar con élla. Segundo, plantea desde allí una serie de recomendaciones que articulen a la participación ciudadana, orientadas a fortalecer la gobernanza del agua en el territorio de estudio: la cuenca del río Sumapaz. Esto implica aprehenderla como un escenario donde se entretejen diversas territorialidades que expresan múltiples formas de apropiación y relación con el espacio que comprende; posibilitándonos así nuevas formas de crear su particular narrativa en un sentido epistémico.

En este contexto, la cuenca del río Sumapaz es un territorio más que apropiado para reflexionar y poner a prueba conceptos y ángulos de acercamiento analítico ya que está marcada por profundas contradicciones: alberga ecosistemas ricos y recursos naturales de gran valor, pero también carga con una historia compleja de conflictos políticos, disputas por la propiedad de la tierra y fuertes consecuencias socioambiental, que plantean dificultades significativas para su gestión. Aunque existe una amplia investigación sobre la región, la mayoría de los estudios se centra en niveles municipales o provinciales, siendo escasos los que abordan un enfoque integral de la cuenca como unidad; este vacío resulta también relevante tras la adopción en 2023 del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA), por ser el instrumento que plantea las medidas de manejo y uso coordinado del suelo, de las aguas, la flora y la fauna y que, para su implementación, seguramente requerirá de importantes esfuerzos que redunden en la sostenibilidad de la cuenca.

Las recomendaciones de participación para fortalecer la gobernanza de la cuenca del río Sumapaz, bajo la noción de cuenca social, constituyen un aporte relevante en términos investigativos y sociales. Desde lo investigativo se plantea un enfoque metodológico que, en primera instancia, consitió en la recopilación y el análisis de diversas fuentes documentales que permitieron delimitar las territorialidades presentes en la cuenca. En un segundo momento se hizo necesario valorar dichas territorialidades mediante variables de análisis basadas en la metodología de Mendoza, Vidriales, Fabre y Vidriales (2019) con fuertes ajustes que nos demandaba el caso particular a investiar. Más tarde realizamos un analisis del nivel de afinidad entre estos espacios geosociales y su posterior representación cartográfica. A pesar de la amplitud del territorio, la investigación se orientó a responder tanto a necesidades académicas como sociales.

Por otra parte, desde la dimensión socioambiental, es necesario enfatizar que la crisis mundial del agua demanda con urgencia la implementación de sistemas de gobernanza eficaces que permitan abordar los problemas relacionados con la disponibilidad, el acceso y la calidad del recurso hídrico, tal como lo destacan los Informes Mundiales de las Naciones Unidas. En el caso colombiano, a partir de la expedicipon de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el año 2010, a través de su diagnóstico, se evidenció que la situación del agua tiene un carácter paradójico, pues pese a la abundancia de recursos hídricos existentes en el país, su distribución es desigual y las mayores concentraciones poblacionales se ubican en cuencas con menor oferta, lo cual plantea retos sustanciales para su gestión.

Como parte de los procesos de planificación adelantados en el país y en el marco de la normatividad vigente (Decreto 1076 de 2015, decreto único reglamentario del sector ambiental que compila el Decreto 1640 de 2012), en el año 2016 se declaró en ordenación la cuenca que estudiamos y se desarrolló su planificación para un horizonte de diez años. Este avance resulta fundamental para el territorio, dado que alberga ecosistemas de importancia nacional, regional y local que sustentan la supervivencia y el desarrollo económico de la región. Al mismo tiempo, por su carácter estratégico, ha sido históricamente escenario de conflictos políticos, disputas sobre la propiedad de la tierra y tensiones en torno al cuidado y la recuperación de los ecosistemas, en donde diversas organizaciones de base han asumido un rol protagónico; fortaleciendo los procesos de movilización social allí. Por ello, se subraya la importancia de generar propuestas y recomendaciones que contribuyan no solo a su gestión sostenible, sino también al enriquecimiento del conocimiento sobre su dinámica y sus desafíos.

Así las cosas, el presente artículo se estructuró de la siguiente manera: en un primer momento, se presenta el estado del arte, donde se analiza de manera deductiva la problemática, iniciando por la situación del agua a nivel mundial, luego el caso colombiano y, finalmente, la cuenca del río Sumapaz; en un segundo momento, se describe el área de estudio, destacando sus características físicas, bióticas y socioeconómicas. En un tercer momento, se aborda el concepto de cuenca social que sustenta el trabajo y se detalla la metodología, explicando sus momentos, instrumentos y herramientas; en un cuarto, se exponen los resultados, que incluyen la identificación de las territorialidades presentes en la cuenca del Sumapaz, la valoración de cuenca social a partir de un test y el análisis de las afinidades entre dichas territorialidades, junto con su representación cartográfica; finalmente, se plantean las recomendaciones orientadas a fortalecer la participación, para contribuir a la gobernanza de la cuenca del río Sumapaz, seguidas de las conclusiones.

Se espera que este documento despierte interés para el lector. Insistimos que la intención central es aportar teorica y metodologicamente tomando como excusa la cuenca del Sumapaz y, como una consecuencia secundaria pero no menor, su lectura lo inviten a sumergirse en la compresión de este territorio vivo y complejo, aportando un granito de arena para avanzar hacia la gobernanza del agua de la cuenca del río Sumapaz.

Estado del arte

El crecimiento acelerado de la población, el desarrollo socioeconómico y los cambios en los patrones de consumo han incrementado la demanda de agua a nivel mundial. El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO (WWAP, 2019) estima que para el año 2050 la demanda global de agua se incrementará entre un 20% y un 30%, siendo el sector agrícola el principal consumidor; así mismo este informe identifica como principales problemáticas las asociadas a: las desigualdades,inequidades y exclusiones en torno al acceso a agua potable y saneamiento, deterioro de la calidad del agua por contaminación e impactos hidromorfológicos, retos urbanos ligados a la urbanización acelerada, escasez endémica por estrés hídrico físico, incremento de eventos hidrometeorológicos extremos (como sequías e inundaciones), conflictos por el uso del agua en cuencas transfronterizas y efectos del cambio climático que agravan estas tensiones.

Estas situaciones configuran una crisis global del agua, atribuida en gran medida a deficiencias de gobernanza, que exige una participación más amplia de actores diversos en la toma de decisiones y un fortalecimiento efectivo de las agendas gubernamentales (Murillo, 2012; OCDE, 2015). A pesar de los avances y los esfuerzos que se han encaminado para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), enfocado en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento, aún estos resultan insuficientes, pues en muchas regiones se ha señalado que las medidas implementadas deberán cuadruplicarse, o incluso más, para alcanzar las metas propuestas (WWAP, 2023). Por esta razón, el WWAP (2023) enfatiza la importancia de mejorar la gobernanza del agua mediante alianzas y cooperación que impulsen soluciones innovadoras y fomenten el diálogo entre actores con intereses tanto convergentes como divergentes, además de sectores no directamente vinculados al agua, pero cuyas acciones afectan dimensiones clave como la salud pública y el cambio climático.

Colombia no es un país ajeno a esta situación, de acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), este país enfrenta una disminución progresiva en la disponibilidad del agua, especialmente en la región Andina, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica, pero se registra apenas un 15% de la oferta hídrica nacional (MAVDT, 2010). Adiconalmente, la PNGIRH identificó otros problemas como deficiencias en la planificación, escasa participación ciudadana, limitada coordinación interinstitucional y ausencia de indicadores robustos para el seguimiento de políticas (DGIRH, 2020); en este sentido como respuesta, estableció un horizonte de implementación de doce años (2010-2022), con el objetivo de “garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión eficiente y articulada al ordenamiento del territorio y la conservación de ecosistemas reguladores de la oferta hídrica” (MAVDT, 2010).

En consecuencia la PNGIRH, plantea a la cuenca hidrográfica como unidad territorial fundamental para aplicar las políticas de manejo del agua y de acuerdo con la estructura institucional colombiana, el Decreto 1640 de 2012 —hoy integrado al Decreto 1076 de 2015— reglamentó los instrumentos de planificación y estableció los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) como herramientas centrales para las subzonas hidrográficas, y niveles subsiguiente, con instancias como la Comisión Conjunta (cuando la cuenca es compartida entre varias Corporaciones Autónomas Regionales - CAR) y los Consejos de Cuenca como espacios de participación.

En el marco de esta normativa, las CAR de Cundinamarca y Tolima declararon la cuenca del río Sumapaz en ordenación en 2016, culminando el proceso de planificación y adopción del POMCA en agosto de 2023, un avance que se puede considerar significativo, pero que plantea varios retos para su implementación, debido a que enfrenta amenazas considerables por actividades como la minería, la ganadería extensiva, la expansión agrícola y la deforestación, que fragmentan sus ecosistemas y comprometen su resiliencia (Garavito, Gómez, & Palacio, 2018); además de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, así como las disputas socioambientales y políticas, que reflejan la complejidad del tejido social en este territorio, que plantean importantes desafíos para la gobernaza del agua en esta cuenca.

Estudios similares en torno a la Cuenca Sumapaz

La consulta a diversas fuentes mostró un total de 74 documentos, destacando allí 19 estudios cercanos a nuestro territorio-objeto de estudio que se centraran en el análisis de la gobernanza del agua, la apropiación del territorio de la cuenca del río Sumapaz y su desarrollo histórico. Así, encontramos que los trabajos existentes se ordenan en fragmentos temáticos y también fragmentos de su territorio, siendo muy pocos los que desarrollan un estudio integral de la cuenca y menos los que ofrecen aportes para fortalecer la gobernanza condición que justifica nuestro trabajo. En la siguiente tabla se observan los estudios encontrados y sus temáticas.

Es preciso aclarar que la división de la cuenca es de diferente a los de índole político administrativo, por lo cual se observa que los estudios se centran en un fragmento de ellas, ya sea solo lo que se denomina la provincia o región del Sumapaz (que deja excluido los municipios del Tolima) o ya sea porque se realizan en algunas de las subcuencas o tramo de la cuenca, en la zona de páramo o en los municipios; exclusivamente tres de los estudios, integran toda la cuenca, entre los cuales se encuentran el de modelo de gestión territorial, la gobernanza del agua como estrategia de sostenibilidad de las comunidades desarrollado por Botia Flechas (2018); el de Resiliencia comunitaria: defensa del agua y del territorio en la cuenca del río Sumapaz elaborado por Botia Flechas y Preciado Beltran (2019); y la evaluación de las políticas ambientales para la gestión integral del del agua de Sumapaz desarrollado por Henao Tovar y Sanabria Ramos (2018).

Considerando los estudios realizados y la adopción del POMCA, es pertinente formular recomendaciones para la gobernanza del agua en la cuenca del Sumapaz a partir de la noción de cuenca social, considerando las siguientes preguntas clave: ¿qué territorialidades se han formado en torno a la cuenca? y ¿cómo estas territorialidades, entendidas como expresión de una cuenca social, pueden orientar recomendaciones para una participación efectiva que contribuya a la gobernanza del agua?

Tabla 1Estudios Similares en la Cuenca
Temática de estudios Abordan el conflicto y resiliencia territorial Percepción de actores frente al agua – enfoque hidro social Históricos de ocupación del territorio Acueductos Comunicación para los habitantes Gobernanza Arquitectónico y Cultural
Número de Estudios encontrados 3 2 4 1 1 7 1

La noción de cuenca social

El concepto surge desde las ciencias sociales con el fin de trascender la visión estrictamente geográfica, ecológica e hidrológica de la cuenca, pues si bien estos enfoques reconocen las interacciones del medio socioeconómico sobre los sistemas hídricos, no logran abarcar la complejidad de las relaciones que se configuran en torno a ella. De ahí que las ciencias sociales hayan incorporado una perspectiva interdisciplinaria que visibiliza las dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales.

Perales (2016), en La cuenca social como aproximación sociológica a las intervenciones en cuencas hidrográficas, muestra cómo desde hace más de una década los científicos sociales han incluido el análisis de las intervenciones sociales en la definición conceptual de ésta, destacando la propuesta de Yáñez y Poats (citado por Perales, 2016), quienes explican que estas intervenciones transforman los espacios geográficos cuando se superponen varias cuencas articuladas por un tejido social. Asimismo, el autor resalta el concepto de cuenca hidro social del Centro Agua de la Universidad Mayor de San Simón (citado por Perales, 2016), que la reconoce como escenario de acuerdos y/o conflictos por el agua, evidenciando los límites sociales derivados del pluralismo en los derechos sobre el recurso y sus implicaciones políticas y culturales.

Desde una reflexión complementaria, De Ruíz y Gentes (citado por Perales, 2016) plantean que estos conceptos amplían el de cuenca hidrográfica al introducir un enfoque de derechos que reconoce la acción colectiva y el pluralismo en la gestión del agua, variables que deberían considerarse en la formulación de políticas públicas ambientales y articularse con las unidades político-administrativas.

En este marco, Perales (2016) subraya la centralidad de la territorialidad, en tanto los actores sociales se apropian del espacio de formas diversas, construyendo territorialidades yuxtapuestas o superpuestas que pueden generar conflictos. A partir de ello, define la cuenca social como un espacio conformado por el cauce de un río y sus divisorias, donde se entrelazan relaciones de poder y formas de territorialización, desterritorialización e intervenciones sociales sobre el agua.

Si bien la propuesta de Perales resulta enriquecedora, no aborda directamente la acción o gestión que este enfoque demanda. En este sentido, Mendoza, Fabre y Vidriales (2019) amplían la noción al concebir la cuenca como un espacio atravesado por procesos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, donde la diversidad de territorialidades exige avanzar hacia proyectos de cogestión basados en la participación de los actores sociales y orientados al buen vivir.

En conclusión, la cuenca social se consolida como un concepto clave para repensar la gobernanza del agua, ya que permite comprender las múltiples territorialidades y relaciones de poder que se articulan en torno a este recurso. Su valor radica en ofrecer un marco analítico y práctico que trasciende la gestión técnica, reconociendo la cuenca como un espacio vivo y conflictivo, donde la cogestión y la participación social resultan indispensables para construir políticas públicas más justas, inclusivas y sostenibles.


Características de la cuenca del Rio Sumapaz

Se localiza en Colombia, abarca el sur de Cundinamarca, el oriente del Tolima y parte de Bogotá D.C., con un área total de 305.911 hectáreas distribuidas en 20 municipios, de los cuales 15 son del Departamento de Cundinamarca, 4 del Tolima y un segmento de la localidad 20 de Sumapaz de Bogotá D.C. Esta cuenca nace en el Parque Nacional Natural Sumapaz y desemboca en el río Magdalena, (Car & Cortolima, 2023).

Figura 1Ubicación Geográfica Cuenca Río Sumapaz
Ubicación Geográfica Cuenca Río Sumapaz

Nota: Obtenido de POMCA Río Sumapaz (Car y Cortolima, 2023)

El territorio presenta una amplia diversidad física y climática, con altitudes que van desde los 250 hasta los 4.130 metros sobre el nivel del mar, abarcando pisos térmicos que van del cálido al páramo, temperaturas entre 6 °C y 28 °C, y precipitaciones anuales que oscilan entre 700 y 1.588 mm. Su riqueza natural se refleja en ecosistemas que incluyen formaciones xerofíticas, selvas húmedas, páramos y selvas andinas, con una flora que varía desde 25 especies presentes en los páramos hasta 122 en las selvas subandinas, y una fauna compuesta por aves, mamíferos, reptiles, antílopes y peces, destacando especies amenazadas como Pinus carolae (CR), Podocarpus oleifolius (VU) y el cóndor andino (Vultur gryphus, VU).

La población total asciende a 32.876 habitantes, con predominio urbano en Fusagasugá y presencia de 218 personas pertenecientes a grupos étnicos como gitanos, raizales, palenqueros e indígenas; la mayoría de la población tiene entre 0 y 15 años, y los niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son altos en municipios como Suárez y Nilo, y bajos en Fusagasugá y Granada. En materia de servicios sociales y públicos, existen 453 instituciones educativas, con la educación superior concentrada en Fusagasugá y Melgar; la cobertura en salud es limitada, alcanzando alrededor del 40 %, y el acceso a servicios públicos en zonas rurales es reducido.

La economía local se sostiene principalmente en actividades agropecuarias —producción de hortalizas, tubérculos y frutales—, minería de materiales como carbón, arcilla y productos para la construcción, y generación de energía hidroeléctrica y fotovoltaica. En cuanto a la organización y participación territorial, se cuenta con 428 Juntas de Acción Comunal, un Consejo de Cuenca y diversas mesas sectoriales, con una coordinación ambiental a cargo de la CAR y CORTOLIMA, lo que evidencia un entramado institucional que busca integrar la gestión ambiental y social del territorio.

Metodología

Para avanzar en la aproximación de la cuenca social de Sumapaz, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de fuentes secundarias, que incluyó 74 documentos, adicionales a los recopilados en la fase inicial. Esta ampliación documental permitió consultar diversas fuentes institucionales, académicas y comunitarias, con el fin de perfilar, identificar y delimitar las territorialidades presentes en la cuenca. A partir de este proceso se reconocieron cinco territorialidades principales: campesina, ambiental, minero-energética, turística y patrimonial.

Con base en estas territorialidades se realizó la evaluación de la cuenca social y, posteriormente, el análisis del relacionamiento entre ellas para determinar sus niveles de afinidad, ejercicio que culminó con la representación geográfica de dichas interacciones. En la siguiente figura se presenta la metodología desarrollada.

Figura 2Metodología para elaborar recomendaciones de participación para el fortalecimiento de la gobernanza de la cuenca del Río Sumapaz, a partir del concepto de cuenca social
Metodología para elaborar recomendaciones de participación para el fortalecimiento de la gobernanza de la cuenca del Río Sumapaz, a partir del concepto de cuenca social
Tabla 2Información Secundaria Revisada para Cada Territorialidad
Número de documentos revisados Campesina Ambiental Minero Energética Turística Patrimonial Total
18 21 10 17 8 74

En la tabla 2 se muestra el número de documentos consultados por territorialidad. En la revisión documental se incluyeron, en primera instancia, los estudios relacionados con las luchas campesinas en la cuenca del río Sumapaz que evidenciaron procesos históricos de organización social y defensa del territorio que han configurado una territorialidad campesina con fuertes arraigos culturales y políticos. A partir de esta literatura también emergen otras territorialidades, entre ellas la ambiental, asociada a la protección de un ecosistema considerado estratégico para el país debido a su importancia hídrica y ecológica.

De manera paralela, la bibliografía consultada permitió identificar territorialidades vinculadas a las actividades minero-energéticas, especialmente a partir del impulso institucional de la denominada “locomotora minera y petrolera”. Este proceso promovió nuevas formas de apropiación del territorio basadas en modelos extractivistas y generó discursos que justifican estas actividades como motores de desarrollo y prosperidad para la región.

Asimismo, la revisión bibliográfica permitió identificar una territorialidad asociada al turismo, fortalecida por la proximidad de varios municipios de la cuenca del Sumapaz con Bogotá, lo que ha impulsado el desarrollo de esta actividad en los últimos años. Este proceso tomó mayor relevancia tras la firma del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el turismo comenzó a ser promovido como una alternativa para mejorar las condiciones de vida de comunidades afectadas históricamente por el conflicto armado; en este contexto, el turismo se concibe como una forma de apropiación del territorio de Sumapaz que busca impulsar un desarrollo armónico y sostenible, aprovechando la riqueza cultural y ambiental de la cuenca.

Finalmente, la revisión documental permitió reconocer la existencia de una territorialidad patrimonial, fundamentada en el valor histórico y arqueológico del territorio, asociado a la presencia de comunidades indígenas en época precolombina; la perspectiva patrimonial revela formas de apropiación ligadas a la protección y la conservación del patrimonio cultural y como otro elemento que también configura la identidad del territorio de Sumapaz.

Territorialidades y aproximaciones a la cuenca social del río Sumapaz

Con base en la información recopilada, se identificaron las territorialidades existentes en la cuenca del Río Sumapaz encontrando entre ellas la campesina, la ambiental, la minero energética, la turística y la patrimonial que a continuación se describen.

Territorialidad Campesina

La territorialidad campesina en Sumapaz tiene su origen en la lucha por la tierra desde el siglo XIX, cuando la expansión de cultivos agrícolas y actividades productivas configuraron las primeras formas de asentamiento en la región. Durante este periodo, las zonas bajas de Fusagasugá, Arbeláez, Tibacuy y Pandi se caracterizaron por la expansión del cultivo de café, mientras que en las áreas altas se desarrollaron actividades como la ganadería, la producción de papa y la explotación forestal, adaptándose a las condiciones climáticas y geográficas del territorio (Secretaría Distrital de Planeación [SDP], 2009). Sin embargo, este desarrollo estuvo marcado por la consolidación de grandes haciendas coloniales, que despojaron tierras a indígenas y colonos, fortaleciendo el poder de las élites locales y nacionales, y perpetuando un modelo económico basado en la concentración de tierras (Morales, 2023).

En respuesta a estas condiciones de opresión, durante la segunda década del siglo XX surgió un movimiento campesino en Sumapaz, integrado por arrendatarios, peones y colonos, quienes pese a su diversidad socioeconómica, encontraron unidad en la lucha por mejores condiciones laborales y mayor autonomía en la explotación de la tierra, no solo a través de la organización de protestas, sino que también a través de la ocupación de tierras baldías del Estado y acciones legales para exigir justicia en el campo (Joven, 2016). Un ejemplo destacado de estas iniciativas fue la creación de la Colonia Agrícola de Sumapaz, promovida mediante la Ley 114 de 1922 y el Decreto 1110 de 1928, que permitieron establecer colonias agrícolas entre Cunday e Icononzo, como una estrategia para redistribuir tierras y fomentar el desarrollo rural (Pineda, 2016).

La politización de los campesinos fue un elemento clave en este proceso, liderado por figuras como Juan de la Cruz Varela, los campesinos se afiliaron a partidos de izquierda como el Partido Comunista y adquirieron conocimientos jurídicos que les permitieron desarrollar nuevas estrategias de resistencia. Esta politización también contribuyó a la formación de una identidad agraria que fortaleció la cohesión social entre los campesinos (Ortiz Páez, 2017). Uno de los logros más significativos de este periodo fue la fundación del Partido Agrario Nacional, que, con el apoyo del Partido Comunista y el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, se convirtió en una plataforma política opuesta a la bipartidista, para exigir una redistribución equitativa de la tierra y mejores condiciones de vida para los campesinos (Pabón, 2023).

A través de la politización de campesino se promovieron las reformas agrarias de 1936 y 1961, que aunque significativas, no lograron una redistribución equitativa de tierras y mantuvieron la conflictividad rural (INCORA, 1988; Hermida Giraldo & Naranjo Valenzuela, 2019). Durante la segunda mitad del siglo XX, la violencia bipartidista, la presencia de guerrillas y paramilitares, y las políticas de seguridad interna intensificaron la persecución contra los movimientos campesinos, profundizando las tensiones en la región (Varela Mora & Romero Picón, 2007; Varela Mora & Duque Ortiz, 2011).

A finales del siglo XX, el modelo neoextractivista intensificó el despojo territorial mediante megaproyectos de explotación minera, energética y agroindustrial, vislumbrando nuevos desafíos para la vida en el campo y por supuesto para los movimientos campesinos, en tanto como modelo planteo la sobreexplotación de los recursos naturales y el despojo territorial como principal locomotora de desarrollo en Colombia. La población campesina, indígena y negra fue especialmente afectada, ya que la implementación del modelo implicó un marco legal e institucional que fortaleció las fuerzas del mercado, limitando el encadenamiento de valor local y nacional, y aumentando la dependencia de inversiones extranjeras (Arias Hurtado, 2017).

Estas tensiones culminaron en el Paro Agrario de 2013, que particularmente en la región de Sumapaz se sumó a la causa de los paperos del departamento de Boyacá, al sentirse identificados con las reclamaciones que estaban realizando frente a los altos precios e insumos para el cultivo de papa; de acuerdo a la información recolectada, se encontró que en el municipio de Pasca se planteó como estrategia realizar un cese de actividades de producción y mercado agrícola, se concretó cómo lugar de encuentro la vereda Alto del Molino, al considerarse central para aglomerar la población campesina. Pronto esta estrategia mostró la solidaridad de los habitantes dela región hacia los Pasqueños, al suministrar bienes y servicios a los que estaban liderando el paro (Ortiz Páez, 2017).

En la actualidad se puede decir que uno de los importantes logros de esta lucha, es que se han reconocido tres Zonas de Reserva Campesina1 (ZRC) en Sumapaz: La ZRC del Sumapaz, constituida el 22 de diciembre de 2022 y abarca 23.007 hectáreas distribuidas en 16 veredas de San Juan y Nazareth, solapándose con el Parque Nacional Natural de Sumapaz y la parte alta de la cuenca. Además, existen la ZRC de Cabrera constituida en el año 2000) y la del municipio de Venecia constituida en el 2023 (Agencia Nacional de Tierras [ANT], s.f.). Además también se ha hecho un reconocimiento oficial de los campesinos como víctimas del conflicto armado con derecho a reparación colectiva (PNUD, 2024).

Este proceso histórico evidencia tal como lo menciona Botia y Preciado (2019), la territorialidad campesina del Sumapaz cuentan con una autoestima colectiva, cohesión social y lazos de solidaridad que les ha permitido ser resilientes, entendiéndola como “una característica de las poblaciones que han resistido condiciones sociales, ambientales, económicas y políticas adversas que los han marginado de un desarrollo equitativo, pero que, al mismo tiempo, les ha dado la fuerza para sobreponerse a situaciones desfavorables, fortaleciendo su identidad cultural y su capacidad de organización solidaria alrededor de sus necesidades más sentidas”.

Territorialidad Ambientalista

La territorialidad ambientalista en la región de Sumapaz, surge como resultado de la transformación del conflicto y de las consignas propias de la lucha campesina, en las que se han incorporado nuevos intereses vinculados con la conservación y el cuidado de los recursos naturales, como respuesta a la implementación de normas y políticas de corte neoliberal que, como se ha señalado, promueven nuevas formas de explotación de los recursos. En este contexto, las potencialidades ambientales que caracterizan a la cuenca del Sumapaz la convirtieron en un espacio estratégico para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y mineros (Botia y Preciado, 2019).

El conflicto socioambiental en la cuenca del Sumapaz se intensificó a partir de 2008, cuando Emgesa S.A. e Ingetec S.A. iniciaron socializaciones y estudios de prefactibilidad para proyectos hidroeléctricos. Estas iniciativas generaron una fuerte oposición comunitaria expresada en movilizaciones, acciones jurídicas y procesos de educación ambiental, frente a las estrategias empresariales de socialización (Toro Rojas, 2021). Inicialmente concebido como “Integrado de minicentrales”, el proyecto fue reformulado en 2010 como “Hidroeléctrico Sumapaz”, reduciendo a ocho microcentrales y eliminando un embalse en Cabrera por su posible impacto en el Parque Nacional Natural Sumapaz (Toro Rojas, 2021). Posteriormente, Emgesa presentó el “Proyecto Hidroeléctrico El Paso”, que abarcaba 50 km del río, afectando municipios de economía rural como Icononzo, Cabrera, Venecia y Pandi; sin embargo, la resistencia comunitaria, sustentada en experiencias previas como la del río Amoyá, impidió su avance (ILSA, 2017).

Paralelamente, el proyecto hidrocarburífero Bloque COR 4 avanzó en su fase exploratoria en los municipios de Fusagasugá, Pandi y Pasca bajo la empresa Australian Drilling Associates, mientras el Bloque COR 33 avanzó en los municipios de Arbeláez, San Bernardo e Icononzo por Alange Energy y Vector. Principalmente, el inconformismo frente a este proyecto fue manifestado por los acueductos comunitarios, siendo los protagonistas de protestas y movilizaciones, cuestionando las decisiones del gobierno nacional, al otorgar títulos mineros y licencias de construcción en áreas estratégicas para la reserva hídrica (Botia y Preciado, 2019).

Figura 3Línea del Tiempo 2013 -2018.Acciones de Reivindicación, Lucha Ambiental Sumapaz
Línea del Tiempo 2013 -2018.Acciones de Reivindicación, Lucha Ambiental Sumapaz

Nota: Elaboración propia a partir de revisión documental.

Bajo este panorama, la población de la cuenca del Sumapaz emprendió diferentes acciones de reivindicación entre los años 2013 y 2018, las cuales se presentan en la siguiente línea de tiempo, que se elaboró con base en los documentos revisados, destacando entre ellos los de las luchas campesinas en algunos municipios de Sumapaz, algunos municipios de Sumapaz.

Entre 2013 y 2018, las acciones de reivindicación en el Sumapaz se orientaron tanto a la defensa jurídica de los derechos como al fortalecimiento organizativo, mediante procesos de capacitación y articulación comunitaria. Estas dinámicas consolidaron la lucha ambiental en la región, donde las consultas populares se convirtieron en hitos de resistencia frente a la minería, que tras bambalinas, desplegaron campañas informativas con el apoyo de líderes locales, ONG, la Universidad de Cundinamarca, acueductos veredales y autoridades municipales, además de la articulación con otras experiencias pioneras, como la de Cajamarca en el Tolima (Tierra Libre, 2022; Heinrich-Böll-Stiftung, 2017).

Entre 2013 y 2018, las acciones de reivindicación en el Sumapaz se orientaron tanto a la defensa jurídica de los derechos como al fortalecimiento organizativo, mediante procesos de capacitación y articulación comunitaria. Estas dinámicas consolidaron la lucha ambiental en la región, donde las consultas populares se convirtieron en hitos de resistencia frente a la minería, que tras bambalinas, desplegaron campañas informativas con el apoyo de líderes locales, ONG, la Universidad de Cundinamarca, acueductos veredales y autoridades municipales, además de la articulación con otras experiencias pioneras, como la de Cajamarca en el Tolima (Tierra Libre, 2022; Heinrich-Böll-Stiftung, 2017).

Los municipios con mayor movilización fueron San Bernardo, Pasca, Fusagasugá, Cabrera y Arbeláez; sin embargo, varias consultas fueron suspendidas por decisiones judiciales, lo que derivó en acciones simbólicas y la creación de nuevos movimientos ambientales (Consejo de Estado, 2018); en el Tolima, Icononzo también jugó un papel relevante dentro de las redes ambientales regionales, aunque sin consultas formales para la cuenca (Galeano, 2019).

Además de las consultas populares, tutelas, cabildos y peticiones, se vieron emerger nuevas formas organizativas, encontrando la conformación de veedurías ambientales, para realizar el control social a proyectos mineros, el surgimiento de colectivos y de movimientos que mostraron la cohesión social de los habitantes de la cuenca, así como el desarrollo de lazos de solidaridad entre estos, para la defensa del ambiente y territorio.

El año 2017 fue especialmente activo, con consultas, tutelas y peticiones, cuyos resultados en su mayoría frenaron los proyectos mineros (Moreno Herrera, 2017; Dietz, 2018), no obstante, estos procesos también evidenciaron tensiones internas, como la necesidad de diferenciar entre la oposición a megaproyectos extractivos y el reconocimiento de prácticas mineras locales de pequeña escala.

Otros conflictos emergieron con la delimitación del páramo, cuestionada por la exclusión de las comunidades y la afectación a sus medios de vida, lo que motivó la Sentencia T-361 de 2017 que ordenó repetir el proceso con participación social (Osejo Varona et al., 2020; Escalante Rubio, 2021). Asimismo, el turismo en el páramo, intensificado tras el Acuerdo de Paz, generó presiones ambientales, especulación de tierras y tensiones con las comunidades campesinas, que lo perciben más como amenaza que como oportunidad, ante la ausencia de regulación y de infraestructura adecuada (Solano Vinchira, 2020; Puentes Pulido, 2019; Baquero Mican & Moreno Mahecha, 2020).

En suma, las dinámicas del Sumapaz expresan una resistencia activa frente al modelo extractivista y un reclamo por mayor participación en la toma de decisiones, revelando la necesidad de marcos normativos e intervenciones estatales que armonicen los intereses nacionales con los derechos y expectativas de las comunidades locales, en pro de una verdadera democracia ambiental.

Territorialidad Minero – Energética

En la cuenca del Sumapaz se han venido desarrollando actividades extractivas de pequeña escala, en la cual se han demandado algunas afectaciones ambientales por parte de los habitantes, sin embargo estas no tienen la misma connotación y magnitud que representan los mega proyectos, que como hemos mencionado, han sido el principal dilema. Se puede decir entonces en la territorialidad minera existen dos miradas, las de pequeña escala y las de gran escala, que se describirán a continuación.

La mirada de la minera a gran escala. La territorialidad minera se enmarca en modelos neoextractivistas caracterizados por la sobreexplotación de recursos no renovables y la expansión hacia territorios antes marginados por el capital. Este modelo incluye la exportación masiva de hidrocarburos, minerales y productos agrícolas, junto con proyectos de megaminería, hidroeléctricas e infraestructura, generalmente impulsados por corporaciones transnacionales (Svampa, 2019).

Sus defensores argumentan beneficios técnicos, económicos y sociales: ampliación del conocimiento geológico y de infraestructura (León Mancipe, 2020), supuestos impactos ambientales mínimos en técnicas no convencionales como el fracking (Ucros Caicedo, 2018), y la posibilidad de convertir la minería en la segunda fuente de ingresos del país (Comisión Interdisciplinaria Independiente, 2019; Sentencia T-445, 2016). Asimismo, se resalta su aporte al PIB, a la generación de empleo en zonas de baja presencia estatal y al financiamiento de sectores sociales (León Mancipe, 2020).

No obstante, este enfoque suele minimizar los efectos ambientales y sociales, atribuyendo los conflictos a un “desconocimiento” de las comunidades, que para el caso de Sumapaz se evidenció en acciones jurídicas contra consultas populares, como la tutela de ACITEP en Pasca, que cuestionó la competencia de los municipios, defendió la primacía de decisiones técnicas y ambientales de entidades nacionales, y resaltó la importancia fiscal de la minería (Consejo de Estado, 2017). En Arbeláez, se identificó una campaña implícita durante el auge de las Consultas Populares, de entidades estatales y del comercio local para promover la minería, resaltando beneficios económicos asociados a las regalías (Moreno, 2017).

La oposición comunitaria llevó a la Corte Constitucional (Sentencia SU-095 de 2018) a frenar las consultas populares, ordenando fortalecer el diálogo entre el Estado, las empresas y los municipios, así como garantizar participación ciudadana y respeto por los derechos humanos en la gestión minera (Corte Constitucional, 2018).

A pesar de estos esfuerzos, los proyectos mineros en la cuenca del Sumapaz han avanzado poco debido a diversas conflictividades. Según el POMCA (2023), en 2019 solo dos de los siete bloques petroleros registrados estaban en producción: el Bloque Boquerón en los municipios de Icononzo y Melgar y el Bloque Abanico entre Nilo y Ricaurte. Además, varios proyectos están en fase exploratoria, evidenciando el interés en la explotación de hidrocarburos en la región (POMCA, 2023). En el siguiente mapa se muestra los bloques petroleros y sistemas de transporte de hidrocarburos de la cuenca de Sumapaz. En el siguiente mapa se muestra Bloques petroleros y sistemas de transporte de hidrocarburos para esta cuenca.

Figura 4Bloques petroleros y sistemas de transporte de hidrocarburos, cuenca río Sumapaz
Bloques petroleros y sistemas de transporte de hidrocarburos, cuenca río Sumapaz

Nota: Obtenido desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, 2019 (citado por CAR, CORTOLIMA, 2023).

La minería de menor escala. En general la cuenca presenta en diferentes tramos proyectos de tipo minero asociados a materiales de construcción, arenas y gravas, material de arrastre, demás concesibles, carbón y arcilla, tal cómo se mencionó en la información del área de estudio. Se desarrollan principalmente en los municipios de Nilo, Melgar, Ricaurte, Carmen de Apicalá, Sibaté, Agua de Dios, San Bernardo, Suarez y Cabrera.

Este tipo de extractivismo, conforme se menciona en el POMCA (2023) implementa baja tecnología caracterizándose por el uso de máquinas adaptadas, de antigua generación, en búsqueda de maximizar las ganancias y reducir costos, bajo el dominio de microempresas mineras e incluso personas naturales y familiares, que reducen la posibilidad de economías de escala; no obstante las afectaciones ambientales de estas actividades se ven reflejadas en el territorio, ya que independiente del tipo de extracción que se realice (sea este a cielo abierto o subterránea), pueden generar la contaminación y alteración de los recursos naturales existentes en el territorio, incluyendo por supuesto el agua.

Se exponen estas aclaraciones en razón a que si bien los conflictos socioambientales presentados en el Sumapaz se manifestaron por la incorporación del neoextractivismo, este también llevo a reafirmar la posición e intereses de este sector, que configura una posición sobre el territorio y los megaproyectos que se pretende adelantar, pero también en este escenario existen actores que no precisamente tienen los mega emprendimientos que propone este modelo, sino que se han venido desarrollando con anterioridad y con menor envergadura en la cuenca.

Territorialidad Turística

El turismo percibe el territorio como un espacio para el desarrollo de actividades recreativas, descanso y disfrute, gracias a sus atributos culturales, patrimoniales y ecosistémicos, que resultan atractivos y pueden generar aportes económicos significativos. En Colombia, durante el siglo XX, incluyó asociaciones hoteleras, aerolíneas internacionales, restaurantes destacados y normativas como la Ley 300 de 1996, que reconoció su importancia económica y social (Morales Vélez y Jiménez González, 2020). En el siglo XXI, políticas de seguridad, acuerdos de paz y la Ley 1558 de 2012 fortalecieron el sector como herramienta para resignificar territorios afectados por la violencia, sin embargo, aún enfrenta retos como el tráfico ilegal, la migración y la consolidación del posconflicto (Guilland y Naef, 2019).

Bajo el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT, 2024) se promueve el turismo como una alternativa económica que impulsa la justicia social, la protección ambiental, la memoria histórica y la construcción de paz.

En la región de la cuenca del Sumapaz, ha sido historicamente un territorio altamente conflictivo, sin embargo en algunas de sus zonas el turismo resulta ser su principal actividad. Según Escobar et.al (citado por (Universidad de Cundicamarca [UDEC], 2022)), la provincia del Sumapaz ofrece destinos que giran en torno a la cultura, sitios naturales y riqueza gastronómica, destacándose por su ubicación geográfica, variedad de climas y la amabilidad de sus pobladores. Los municipios situados en las provincias del sur y del oriente del Tolima, como Icononzo, Melgar, Carmen de Apicalá y Suárez, también son reconocidos en el ámbito turístico, porque ofrecen espacios de diversión, aventura, cultura e historia, y debido a su diversidad geográfica, son destinos ideales para el disfrute en familia o con amigos, para aprender de la historia y disfrutar de la conexión con la naturaleza y la espeleología (Entretenimiento Tolima, 2022).

El turismo en la cuenca del Sumapaz es dinámico, principalmente debido a su proximidad con la ciudad de Bogotá, lo que la convierte en un destino atractivo para los capitalinos que buscan vacacionar, descansar, contemplar la naturaleza o incluso invertir (Ferro, 2014). En este sentido es preciso mencionar las subactividades que existen en esta cuenca asociadas al sector turístico.

El Ecoturismo. el ecoturismo de montaña, especialmente en los páramos, se manifiesta de diversas maneras en los municipios de Cabrera, Pasca y San Bernardo, cada uno con perspectivas únicas sobre esta actividad. Según la caracterización sociocultural del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH, 2015), en San Bernardo, actores como gestores ambientales, veedores ciudadanos y presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) perciben el páramo como un espacio de interacción social para visitantes y residentes; en Pasca, el enfoque se centra en su aprovechamiento turístico, destacando el paisaje, la tranquilidad, el clima, las caminatas y el turismo contemplativo; y por su lado en Cabrera, la visión del páramo está más orientada hacia su función de aprovisionamiento y regulación ecosistémica.

Por otro lado, en Soacha, aunque su representación en la cuenca es menor, se desarrollan iniciativas de sensibilización con universidades y colegios para resaltar la importancia del ecosistema de páramo y su defensa frente a intereses económicos como la minería, la agroindustria y los hidrocarburos.

Solano Vinchira (2020) señala que, tras el desmonte de la guerrilla de las FARC, Sumapaz ha sido redescubierto por los capitalinos, quienes visitan con mayor frecuencia para apreciar su riqueza natural, razón por la que desde el ámbito institucional, se ha visto la necesidad de planificar el ecoturismo como una herramienta para fomentar la recreación, superar los efectos del conflicto armado y fortalecer la conservación. Sin embargo, la autora también resalta que los habitantes del sur de Sumapaz perciben el ecoturismo como una actividad negativa, ya que genera inseguridad, pérdida de autonomía territorial, cambios en los medios de vida y contaminación del ecosistema de páramo. En contraste, con los residentes del norte de la localidad, más cercanos a Bogotá, lo consideran una oportunidad económica y social.

Desde una perspectiva histórica, el ecoturismo se remonta a la creación del Parque Nacional Natural Sumapaz en 1977, concebido para la conservación de ecosistemas de páramo, bosques andinos, recursos hídricos y paisajes culturales. Durante los años 80 se desarrollaron actividades como senderismo y avistamiento, pero en los 90 estas disminuyeron debido al conflicto armado y la presencia de las FARC, que generaban inseguridad (Medrano Parra & Lora Gómez, 2020).

En los 2000 surgieron procesos de organización social como Oro Azul, que buscaban prestar servicios turísticos y transformar el panorama del conflicto. Sin embargo, los acuerdos entre el PNNS y empresas privadas, sumados a problemas de orden público, generaron tensiones entre las comunidades y la institucionalidad (Solano Vinchira, 2020; Medrano Parra & Lora Gómez, 2020). Entre 2012 y 2014, el aumento de visitantes llevó a la formulación de un Plan de Uso Público en la Laguna de Chisacá, pero para 2016 las tensiones se intensificaron: los pobladores del sur percibieron amenazas a sus prácticas y significados territoriales, mientras organizaciones privadas promovían rutas de senderismo sin incluir a las comunidades, lo que llevó a que estas restringieran el ingreso al parque por iniciativa propia (Morales Acosta, 2017; Solano Vinchira, 2020).

A partir de 2017, el PNNS, la Alcaldía de Bogotá y medios de comunicación advirtieron a la ciudadanía sobre la prohibición de ingreso por daños ambientales y porque el parque no tiene vocación turística (PNN, 2017). Esta medida se consolidó con la pandemia y el Decreto 457 de 2020, que reforzó el aislamiento y la prohibición de visitantes. No obstante, entre 2013 y 2020 se desarrollaron proyectos y normativas sobre ecoturismo en distintos niveles de gobierno (Solano Vinchira, 2020).

En los municipios de Cundinamarca (Fusagasugá, Arbeláez, Tibacuy, Silvania y Ricaurte) no se han registrado conflictos socioambientales relacionados con el ecoturismo. Allí, el turismo se ha desarrollado históricamente y tras la pandemia aumentó el interés por actividades ecológicas asociadas al bienestar y la salud (Martínez Cendales, 2023). En el oriente y sur del Tolima (Melgar, Icononzo, Carmen de Apicalá y Suárez), el turismo es una de las principales actividades económicas, destacándose modalidades de recreación, naturaleza y aventura como senderismo, avistamiento, glamping y parques acuáticos (Herrera González, 2023).

La Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima [CCSOT] (2022) lidera la iniciativa “Magdalena Travesía Mágica”, que busca estructurar proyectos turísticos alrededor del río Magdalena, relevante porque la cuenca del Sumapaz es afluente de la macrocuenca del Magdalena. Finalmente, la CAR ha fortalecido estrategias de certificación a operadores turísticos en su jurisdicción. Para octubre de 2023, se registraban 100 certificados, de los cuales 22 corresponden a municipios cercanos al páramo, 41 al bosque alto andino y 38 al bosque seco tropical. Además, los procesos de formación enfatizan en la identificación y mitigación de impactos, así como en el fortalecimiento de los ecosistemas (CAR, 2023).

Turismo no ecológico. Dentro de este tipo de turismo se encuentran principalmente en Fusagasugá́ (Chinauta), Ricaurte, Nilo, Agua de Dios, Melgar y Carmen de Apicalá, ya que se ha constituido en la principal actividad económica consolidado una infraestructura hotelera y de recreación (condominios vacacionales, centros recreacionales, restaurantes, entre otros) (CAR y CORTOLIMA, 2023). De manera particular, Melgar que ha sido uno de los destinos predilectos de los capitalinos se le ha llegado nombrar “ciudad de las piscinas” o el “mar de piscinas”, por lo que se destaca por brindar diferentes opciones de entretenimiento.

Agro turismo. Este tipo de turismo que incluye conexión directa con el entorno rural y participar de la vida agrícola y ganadera, brindando la posibilidad de hospedaje, así como de contemplación de paisajes y senderismo (Portillo, 2024), se ha venido desarrollando en la cuenca, conforme a la información identificada en la ruta turística de la ANI (s.f.), en los siguientes municipios: Granada, Silvania, Fusagasugá y Melgar. No obstante, al igual que el ecoturismo, es necesario revisar la forma en que se introducen estas actividades en el territorio, puesto que las comunidades de esta región poseen un capital humano que muchas veces no es contemplado dentro de los proyectos agro turísticos que realizan terceros y se generan impactos socioambientales y culturales que profundizan las desigualdades, por tanto pues se ha configurado en una de las formas de re territorializar el Sumapaz, pero que aún es objeto de diálogos y acuerdos entre entidades y comunidades (Rodríguez Vargas, 2019).

Territorialidad Patrimonial

La caracterización realizada por el IAvH (2015) para la delimitación del páramo de Sumapaz, demuestra cómo las transformaciones del entorno natural afectan los asentamientos humanos y la forma en que aprovechan los recursos naturales. Esto revela los cambios ambientales y de poblamiento en la región, destacando la herencia y memoria que conforman la identidad de la cuenca, fuertemente influenciada por la cultura indígena y campesina, que además del valor natural, revela el significativo valor patrimonial que posee, y por tanto, para su comprensión, es necesario reconocer el contexto histórico, que se decribe continuación.

La cuenca de Sumapaz en época precolonial estuvo habitada por el grupo indígena de Suatagos o “Hijos del Sol”, cuyos pueblos se ubicaban principalmente en los actuales municipios de Silvania, Fusagasugá, Arbeláez, San Bernardo, Venecia y Cabrera; limitaban al norte con el grupo indígena Muisca y al occidente con los grupos Panches, Cundayes y Pijaos (Alarcón, 1990).

Investigaciones en la zona sugieren que estos grupos usaron el páramo como vía de comunicación y encuentro entre diferentes etnias, y la cuenca del Sumapaz como ruta entre el Valle Caliente del Río Magdalena y las tierras frías de la Cordillera Oriental (Salas & Tapias, 2000). Según la caracterización del IAvH (2015), el registro de la presencia indígena data de los siglos IX y X, ubicándose en la cordillera Oriental, en el Páramo del Sumapaz y tierras templadas circundantes, poblaciones de Muiscas y Sutagaos, que mediante un proceso de absorción de grupos agro-alfareros, se establecieron en aldeas o bohíos dispersos. El dominio del territorio lo ejercía el Cacique Bacatá, quien contaba con Uzaques, caciques que gobernaban parcialidades o Utas en el sur del territorio Muisca, incluyendo a Fosca, Pasca, Tibacuy y Ubaque.

Figura 5Territorio Sutagaos Según Cronistas
Territorio Sutagaos Según Cronistas

Nota: Obtenido de Alarcón, 1990.

Considerando que el pueblo Panche tuvo influencia en el actual municipio de Tibacuy, resulta importante para la territorialidad patrimonial de la cuenca, ya que en esta zona también se han encontrado vestigios de esta cultura. Según Salas y Tapias (2000), las crónicas escritas por españoles en los siglos XVI y XVII documentaron la presencia del pueblo Panche en Tibacuy, las batallas que sostuvieron con el pueblo indígena y la forma en que estos interactuaban con indígenas Muiscas y Suatagos, afirmando que el territorio de los Panches se extendia en ambos márgenes del río Magdalena, desde la hoya del Guarinó y el río Negro al norte, hasta la hoya del Coello y Fusagasugá al sur, en municipios ubicados entre Tolima y Cundinamarca.

Durante la época colonial, los pueblos indígenas de la cuenca del Sumapaz fueron despojados de sus tierras y relegados a resguardos, mientras el territorio se consolidaba como zona de tránsito de expediciones y de conformación de haciendas, entre ellas la hacienda Sumapaz (Comisión de la Verdad, s.f.; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). A pesar de la desaparición de estas comunidades, se han hallado vestigios arqueológicos en municipios como Tibacuy, Cabrera, San Bernardo, Silvania, Pasca, Nilo, Carmen de Apicalá e Icononzo, lo que confirma el potencial arqueológico de la región (Salas & Tapias, 2000; Alarcón, 1990; CAR & CORTOLIMA, 2023).

Este valor patrimonial cuenta con protección jurídica, ya que la Constitución Política de Colombia (1991) y normas como la Ley 1185 de 2008 y la Ley 763 de 2009 establecen que el patrimonio arqueológico es inalienable y debe ser considerado en procesos de licenciamiento ambiental. De ahí que líderes ambientales y campesinos insistan en la necesidad de proteger estos rastros culturales (Secretaría de Cultura Fusagasugá, 2020).

Actualmente, en la cuenca no existen comunidades étnicas reconocidas oficialmente (Ministerio del Interior, 2016), aunque los municipios conservan la memoria indígena mediante monumentos, caminos ancestrales y rutas culturales como la Ruta de Fuscatan de la CAR, que rescata el legado de los Sutagaos y sitios arqueológicos como el museo de Pasca (Velázquez, Escobar & Calderón Contreras, 2021).

Más allá de este patrimonio indígena, la región también resalta el legado campesino, que aunque no cuentan con un reconocimiento diferenciado en sus territorios, han impulsado procesos de defensa de la tierra y transmisión de saberes agrícolas. En este sentido, iniciativas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (2023) buscan reconocerlos como patrimonio vivo, resaltando su organización, manifestaciones culturales y relación con la naturaleza.

Un ejemplo de ello es el proyecto “Territorios bioculturales de Río Negro y Sumapaz”, desarrollado por la CAR y la Sociedad Colombiana de Etnobiología, que reunió a comunidades campesinas de varios municipios en un proceso de intercambio de saberes entre ciencia y tradición. Este enfoque de etnoecología permitió destacar la importancia cultural y ecológica del territorio, visibilizando la visión campesina de la región (Naranjo & Sepúlveda, 2020).

Valoración de la Cuenca Social

Tras identificar las territorialidades en la cuenca del Sumapaz, se valoró la cuenca social utilizando la metodología de Mendoza Marín et al. (2019). Este enfoque evalúa variables como capacidad organizativa, valores y estrategias, incidencia en políticas, intereses e investigación acción participación, a través de un test con criterios y escalas de calificación. Aunque el ejercicio está diseñado para trabajar con información primaria, la información secundaria recolectada fue considerada suficiente para el análisis. En la siguiente Tabla se muestra la valoración que se realizó a la cuenca social del Sumapaz. Los autores, para cada una de las variables plantean criterios con escalas de calificación, que se explican en la tabla 3.

  • Capacidad organizativa. El análisis muestra que las territorialidades campesina y ambiental alcanzan la máxima calificación en el uso de mecanismos de participación (cabildos, consultas y tutelas), lo que refleja su fuerte apropiación de las herramientas constitucionales para defender el agua y el territorio. La minería, aunque también recurre a instancias jurídicas, lo hace en defensa de megaproyectos, alcanzando una calificación de 4. En contraste, las territorialidades turística y patrimonial presentan un uso limitado de estos mecanismos (2), salvo en casos como Cabrera, donde la defensa del patrimonio hídrico ha tenido mayor visibilidad.

    En cuanto a la gestión colaborativa, la organización campesina y ambiental evidencia sólidas alianzas comunitarias e institucionales (Juntas de Acción Comunal, Sintrapaz, ONG, acueductos comunitarios, veedurías), mientras que la minería y el patrimonio alcanzan puntajes intermedios gracias a iniciativas conjuntas con expertos y actores locales. El turismo, aunque en proceso de consolidación, muestra resistencias y limitaciones, sobre todo en áreas cercanas al páramo. En planeación, todas las territorialidades obtienen calificación de 4, lo que indica un horizonte estratégico claro en la búsqueda de posicionarse como alternativas de desarrollo.

Tabla 3Test Valoración Cuenca Social Sumapaz
Criterios Variables
Capacidad Organizativa Valores y Estrategias Incidencia en Políticas Públicas Investigación Acción Total
Uso mecanismos de participación Gestión Colaborativa Planeación Diversidad Sentido de pertenecía o afecto al territorio Integración de los habitantes Alianzas estratégicas Modificaciones en formas de intervención y contenidos de política o decisiones Capacitación
Territorialidad
Campesina 5 5 4 5 5 5 4 5 5 69
Ambiental 5 5 4 5 5 5 4 5 5 69
Minera 4 4 4 2 2 2 5 5 3 47
Turística 2 3 4 4 3 3 3 3 4 47
Patrimonial 2 4 4 5 5 5 3 3 5 56
Escala de Valoración de los Criterios
Uso mecanismos de participación Hace referencia al uso de mecanismos de participación dispuestos en la Constitución Política de Colombia, los rangos de calificación de 1 a 5, en donde 1 es el menor valor y significa que no se ha hecho uso, 2 significa que es difuso si en la territorialidad se han acudido a mecanismos de participación, 3 es que interponen mecanismos sin lograr efectividad y 4 cuando al menos ha realizado el uso de uno de los mecanismos y 5 cuando ha realizado el uso de dos o mas mecanismos.
Gestión Colaborativa Se califica de 1 a 5 donde 1 es muy baja, 2 es baja, 3 es medio, 4 es alto y 5 es muy alta.
Planeación En la planeación se tendrá en cuenta la visión a futuro, la captación de recursos para gestionar las acciones para lograr el objetivo deseado. Se califica de 1 a 5 donde 1 es muy baja, 2 es baja, 3 es medio, 4 es alto y 5 es muy alta.
Diversidad Hace referencia a sí en la dinámica de la territorialidad se involucran diferente tipo de actores que cumplen roles específicos. Se califica de 1 a 5 donde 1 es muy baja, 2 es baja, 3 es medio, 4 es alto y 5 es muy alta.
Sentido de pertenencia o afecto al territorio Se califica de 1 a 5 donde 1 es muy baja, 2 es baja, 3 es medio, 4 es alto y 5 es muy alta.
Responsabilidad Social Compromiso que se tiene frente al bienestar de la sociedad. Se califica de 1 a 5 donde 1 es muy baja, 2 es baja, 3 es medio, 4 es alto y 5 es muy alta.
Integración de los habitantes hace referencia a si las accione y forma de ser de la territorialidad han permitido o promueven la integración de habitantes.
Alianzas estratégicas Hace referencia a la capacidad de establecer alianzas estratégicas para promover su acciones y visión a futuro del territorio. Califica de 1 a 5 donde 1 muy débil, 2 es débil, 3 es medio, 4 es fuerte y 5 es muy fuerte.
Modificaciones en formas de intervención y contenidos de política o decisiones Capacidad Organizativa para incidir en el cambio o modificación de políticas, normas y decisiones. Se califica de 1 a 5 donde 1 incidencia muy baja, 2incidencia baja, 3 no es clara su incidencia , 4 incidencia alta y 5 incidencia muy alta.
Capacitación Se califica de 1 a 5 donde 1 es ninguna intensidad, 2 es baja intensidad, 3 intensidad media, 4 intensidad alta y 5 intensidad muy alta.
Espacios de Dialogo y Reflexión Se califica de 1 a 5 donde 1 no es claro si acuden a estos espacios, 2 no se menciona de manera directa, pero de acuerdo a lo compilado es posible que acudan a estos espacios, 3 se evidenció que se desarrollan en momentos de crisis, 4 es común que acudan a estos espacios y 5 Se evidenció que se desarrollan y es su principal forma de proceder.

Nota: Elaboración propia a partir de metodología valoración cuenca social (Mendoza Marín, et al. (2019)


  • Valores y estrategias. La diversidad se encuentra plenamente representada en las territorialidades ambiental, campesina y patrimonial (5), donde participan mujeres, jóvenes e identidades culturales campesinas e indígenas simbólicas. El turismo refleja cierta valoración cultural (4), pero con débil identificación de actores, mientras que la minería evidencia baja diversidad (2).

    Respecto al sentido de pertenencia, las territorialidades patrimonial, ambiental y campesina destacan con la máxima calificación, reflejando una fuerte identificación colectiva en la defensa del territorio. El turismo recibe calificación media (3), al estar orientado por terceros más que por las comunidades locales. La minería, dominada por intereses externos, obtiene apenas 2, con ambigüedad en el papel de la pequeña minería.

    En integración de los habitantes, nuevamente sobresalen campesinos, ambientalistas y actores patrimoniales (5), que se cohesionan en la defensa del agua y la identidad. El turismo refleja procesos incipientes (3), mientras que la minería genera más conflictos que integración (2). En el caso de las alianzas estratégicas, las territorialidades campesina y ambiental destacan por su capacidad de articulación con sectores nacionales para respaldar consultas populares y resistencias, aunque con limitaciones por decisiones judiciales que debilitaron estos mecanismos. La minería alcanza 4 por su capacidad de desmontar dichas consultas a través de argumentos legales, sin que ello implique un avance sustantivo en los proyectos. El turismo logra un puntaje de 3, con respaldo institucional y académico, aunque con escasa articulación comunitaria.

  • Incidencia en políticas públicas. La valoración muestra que las territorialidades campesina, ambiental y minera tienen alta incidencia (5). La campesina ha promovido normativas que reconocen derechos rurales; la minera, a través del neoextractivismo, ha generado cambios normativos favorables a megaproyectos; y la ambiental, mediante la delimitación del páramo, ha logrado posicionar la exigencia de participación en la reconversión de las actividades económicas. Por su parte, las territorialidades patrimonial y turística, aunque con aportes relevantes, apenas alcanzan un 3, al no tener un peso decisivo en la formulación de políticas.

  • Investigación–acción. En este criterio, las territorialidades campesina, ambiental y patrimonial alcanzan la calificación más alta (5), pues se fortalecen a través del diálogo de saberes técnicos y jurídicos, lo cual ha permitido consolidar sus luchas y prácticas territoriales. El turismo (4) requiere profundizar en conocimientos ambientales y culturales para afianzar su sostenibilidad. La minería (4) también genera instancias de conocimiento, principalmente mediante mesas técnicas de expertos que evalúan los impactos socioambientales de sus proyectos.

Representación Geográfica de las Territorialidades

Con la identificación de las territorialidades, se pudo evidenciar unas tendencias o predominancias de territorialidades en cada uno de los municipios de la cuenca de Sumapaz, para lo cual se procedió a realizar su respectiva representación geográfica, que contribuye a la aproximación de cuenca social del presente estudio.

Como se aprecia en el mapa, en los municipios de Cabrera, Venecia, Icononzo, San Bernardo, Arbeláez, Pasca y la localidad 20 de Sumapaz predomina una territorialidad campesina, ambiental y patrimonial. En los municipios de Tibacuy y Pandi se identifican principalmente territorialidades campesinas y patrimoniales; por otro lado, en Carmen de Apicalá, Melgar, Nilo y Ricaurte, prevalecen las territorialidades mineras y turísticas; en el caso de Suárez, se destacan las territorialidades turísticas y campesinas; mientras que en Silvania y Granada predominan las territorialidades turísticas y patrimoniales; en Soacha prevalece una territorialidad minera y ambiental. Finalmente, en Fusagasugá se planteó que converge la diversidad de territorialidades, dado su papel como capital de la Provincia de Sumapaz y como un escenario representativo donde se manifiestan cada una de ellas.

Figura 6Territorialidades Predominantes en los Municipios de la Cuenca de Sumapaz
Territorialidades Predominantes en los Municipios de la Cuenca de Sumapaz

Nota: Elaboración propia con información base tomada del IGAC y la CAR.

Es importante aclarar que esta representación se basa en la información recolectada, la cual, muy probablemente, no refleja toda la diversidad de territorialidades al interior de cada municipio. Sin embargo, resulta útil para identificar en que aspectos se concentran los principales intereses y formas de apropiación en cada territorio, contribuyendo además al análisis de las dinámicas sociales en la cuenca.

De las afinidades entre las territorialidades

Después de haber valorado los elementos que nos dan una aproximación a la cuenca social, se consideró pertinente plasmar de manera complementaria la afinidad existente entre las territorialidades que se traslapan en la cuenca del Sumapaz, para lo cual a través del siguiente gráfico, se muestra una perspectiva general de la cuenca.

Figura 7Afinidades entre las territorialidades de la Cuenca de Sumapaz
Afinidades entre las territorialidades de la Cuenca de Sumapaz

Cómo se observa en la figura, se clasificaron las relaciones de las territorialidades en afines, distantes, fluctuantes y de tensión. En particular, se observa que las territorialidades campesina, ambiental y patrimonial mantienen relaciones de tensión con la territorialidad minera, que obedecen tal como lo menciona Botia y Preciado (2019), a que existen visiones hegemónicas y contrahegemónicas frente al manejo de los recursos naturales y por supuesto de la cuenca; en este sentido se tejen discursos asociados a una cultura campesina que ve el agua y su entorno como sagrado y de supervivencia, mientras que desde la otra óptica, se perciben los recursos naturales, incluyendo por supuesto el agua, cómo un como factor de producción o bien económico, de acuerdo con el discurso de las sociedades modernas.

Además, aunque las territorialidades campesina y ambiental son sinérgicas, ambas reivindican derechos: la primera se enfoca en el acceso y trabajo de la tierra, mientras que la segunda busca un ambiente sano, la sostenibilidad de los ecosistemas y acceso seguro al agua. Desde la perspectiva patrimonial, las luchas ambiental y campesina también se centran en proteger el patrimonio arqueológico y en reconocer la cultura y formas de vida del campesino, que resultan ser opuestas a los discursos neoliberales y neoextractivistas, porque buscan es el fortalecimiento endógeno del territorio.

Aunque la territorialidad ambiental promueve la conservación, no adopta un enfoque conservacionista estricto, ya que las comunidades de alta montaña, interesadas en proteger el páramo, buscan prácticas sostenibles como la agroecología, impulsada en las Zonas de Reserva Campesina de Sumapaz , Cabrera y Venecia. Por su parte, la territorialidad minera incluye tanto megaproyectos, como minería de menor escala, sin embargo, según lo que se menciona en la caracterización del POMCA no es una de las actividades que predomine en la cuenca, pero sí es importante visibilizarla, ya que en todo caso se identifica una resistencia frente a las actividades en la cuenca, que se argumenta en términos de los efectos que puede tener para los recursos naturales no renovables y desventajas para la población.

Frente a la territorialidad turística en relación con la minera, se clasificó en relaciones distantes, puesto que no se encontró registro de oposición entre una y otra, pero tampoco de estar aliadas o afianzadas en la cuenca; se podría sugerir que la turística está más cercana a la ambiental, campesina y patrimonial, ya que esta territorialidad en términos del aprovechamiento económico, buscan atraer el turismo bajo los atractivos que estos le imprimen al territorio y bajo el discurso cómo lo menciona Escobar et al. (UDEC, 2022) de que esta región ofrece ventajas que le permitirían consolidarse dentro de los destinos más atractivos.

Si bien se observa una cercanía entre la territorialidad ambiental y la campesina con respecto a la turística, estas relaciones resultan ser fluctuantes, pues por un lado, especialmente en el municipio de Cabrera y la localidad 20 de Sumapaz, el ecoturismo ha generado denuncias por impactos ambientales y falta de regulación, pero por otro lado, a pesar de estas tensiones, algunos habitantes consideran el turismo una estrategia viable para el futuro, siempre que se desarrolle respetando la cultura agraria y la vida campesina.

Recomendaciones y reflexiones finales

A manera de recomendaciones de participación, para contribuir a la gobernanza de la cuenca. Se propone para el caso de estudio como en el caso de otras cuencas de Colombia, instaurar plataformas colaborativas, al ser consideradas una estrategia de gobernanza que promueve la acción colectiva, encaminada principalmente a coordinar las acciones e inversiones de actores públicos y privados en la conservación, restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados por diversas actividades económicas, contribuyendo así al incremento de la oferta hídrica. Bajo esta perspectiva, más allá de priorizar indicadores físicos que evidencien el incremento de dicha oferta, es fundamental analizar cómo las prácticas antrópicas se organizan en torno a la cuenca y establecer acciones y compromisos reales, orientados a un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y, a su vez, hacer evidentes las correlaciones desde cada una de las partes para aportar a la gestión del agua de la cuenca.

Esta plataforma respondería a las diferencias en la apropiación, intereses y percepciones sobre el uso de los recursos naturales evidenciadas en las territorialidades identificadas y que reflejan una de las problemáticas clave de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, especialmente en lo que respecta a la gobernabilidad. Por ello, es fundamental conciliar estas perspectivas en la ordenación de una cuenca social, buscando una propuesta consensuada entre los actores y sectores involucrados, que se ajuste a las realidades locales, pero sin perder de vista la visión territorial de la misma.

Es de precisar que de acuerdo a la aproximación de cuenca social, existen potencialidades y capacidades emergentes de las territorialidades ambiental y campesina, quienes a través de su lucha han adquirido aprendizajes y posiciones que, junto a actores como acueductos comunitarios, ONG y Juntas de Acción Comunal, ofrecen elementos clave para la planificación; de esta forma el diálogo entre el conocimiento técnico y la población, respaldado por información actualizada, accesible y de calidad, es esencial para tomar decisiones más acertadas en el territorio y fortalecer el entendimiento de la cuenca.

En este estudio señalamos que el POMCA del río Sumapaz se encuentra en la fase inicial de implementación, lo que exige definir una segunda estrategia de participación alineada con los objetivos de esta etapa (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2023, Guía Técnica). Para este caso en particular (y para acercamientos a otros espacios), resulta necesario actualizar el análisis de actores con el fin de identificar los proyectos y ámbitos geográficos donde deben fortalecerse los procesos, así como consolidar una estructura participativa más amplia que trascienda el Consejo de Cuenca e integre las territorialidades previamente identificadas. En este sentido, se propone para la cuenca social estudiada la conformación de mesas de trabajo que complementen al Consejo de Cuenca y fortalezcan la gobernanza en la cuenca: Mesa1. Integrada la Localidad 20 de Bogotá del Distrito Capital y los municipios de Cabrera, Pasca y San Bernardo. Mesa 2: integrada por los municipios de Venecia, Arbeláez, Icononzo y Fusagasugá. Mesa 3: integrada por Tibacuy, Pandi, Silvania y Granada. Mesa 4: Integrada por Sibaté y Soacha. Mesa 5 mesa que involucre Nilo, Agua de Dios, Ricaurte, Melgar, Carmen de Apicalá y Suárez. Dichas mesas se ofrecen como un referente de posibles acciones organizativas similares en otros lugares de análisis.

En la figura 8 se muestra cómo sería esta estructura, señalado en cada una de las mesas, las territorialidades especialmente circunscritas en cada una de ellas.

Es fundamental que estas mesas mantengan una comunicación constante con el Consejo de Cuenca (o instancia representativa semejante) y la Car y Cortolima, para lo cual se debe establecer mecanismos de encuentro y analizar con cuales de los procesos participativos que ofrecen las entidades al interior pueden retroalimentar éstos y, de acuerdo a las prioridades de cada mesa, revisar en qué proyectos, programas o actividades del POMCA es necesaria la participación. Es de aclarar que aunque las mesas tienen territorialidades predominantes, es posible que existan más de las aquí propuestas en los municipios, por lo que es crucial identificar intereses y enfoques para trabajar cada una de ellas; esto que implicará indagaciones con profundidad al respecto.

Figura 8Estructura Participación Cuenca Sumapaz
Estructura Participación Cuenca Sumapaz

Estas mesas buscan descentralizar la participación del Consejo de Cuenca y que se integren de mejor manera las comunidades de base, en especial aquellas territorialidades vinculadas a luchas campesinas y ambientales y que han desarrollado aprendizajes, capacidades de autogestión y arraigo territorial (que resultan ser estratégicas para implementar los POMCA), buscando con ello reducir en lo posible las brechas históricas en las cuencas y abordar conflictos socioambientales, especialmente los relacionados con el agua.

Para abordar la participación en conflictos ambientales, especialmente los relacionados con el agua, resulta esencial considerar las competencias de las Corporaciones y aplicar la guía elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (u otro organismo gubernamental similar) para la prevención y transformación de estos conflictos. En este caso de estudio se recomienda un ejercicio piloto para la cuenca, podría complementarse con el proceso adelantando por el Instituto Alexander von Humboldt en el área del páramo de Sumapaz.

Dado que esta cuenca también enfrenta conflictos de tipo político y económico, es crucial que desde el orden nacional se brinden garantías en la participación de lideres y lideresas ambientales, especialmente aquellos que se encuentran bajo amenaza, demandando con urgencia que se adopten y generen lineamientos normativos y metodológicos de protección. En este contexto de estudio se propone aplicar el Acuerdo Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que firmó Colombia en diciembre de 2019 (Minambiente, 2019), se propone priorizar la cuenca de Sumapaz, un territorio históricamente afectado por el conflicto y la violencia, para desarrollar estrategias como el acompañamiento a defensores ambientales, el fortalecimiento de veedurías ciudadanas, y la creación de sistemas de información sobre conflictividad ambiental. Esto permitirá ampliar la participación ciudadana y contribuir a la gestión sostenible del territorio.

Como resultado de nuestro trabajo, se han conformado varias veedurías en la cuenca del Sumapaz y por ello, en articulación con la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico y la Corporaciones, se generen lineamientos para promover este mecanismo en el territorio, además de brindar formación, acompañamiento y orientación para que estas veedurías identifiquen aspectos clave de la gestión del agua en la cuenca, ejerzan control social y sistematicen sus experiencias, en aras de impulsar la transparencia en los procesos.

La aproximación a la cuenca del Sumapaz abre importantes oportunidades para futuras investigaciones que incorporen de manera más directa la participación activa de los actores en los territorios identificados. Esperamos que nuestro trabajo haga evidente la necesidad de estudios más detallados y participativos que consideren la relación estrecha entre los actores y los ecosistemas, especialmente con los afluentes que conforman la cuenca del Sumapaz (o alguna otra territorialidad semejante), rescatando la herencia campesina, el movimiento ambientalista y el sentido patrimonial, ya que representan los principales motores para que, a través de procesos de ordenamiento, se implementen acciones más efectivas orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de sus habitantes.

Asumimos que, a partir de la aproximación analítica realizada aquí, se pueden percibir de manera más fina las interacciones y relaciones de poder que existen en un territorio definible como cuenca social. Esperamos haber destacado los intereses que desde la orilla de cada una de las territorialidades se entretejen y ayudan a elaborar recomendaciones que permiten ampliar la participación, plantear una estructura organizativa más democrática y orientar la construcción de gobernanza.

A manera de cierre, esta aproximación a la cuenca social muestra como evidente la necesidad de generar consensos y acuerdos que implican una colaboración y el compromiso de diversos sectores y actores en un trabajo en red y bajo la consolidación de una plataforma colaborativa. Aquí resulta fundamental incrementar la inversión para implementar abordajes e intervenciones integrales, reconociendo la importancia de mejorar la disponibilidad y accesibilidad del conocimiento y la información, lo que implica garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información existentes, facilitar su acceso y fortalecer las instituciones responsables de atender las dinámicas y necesidades de la cuenca. Paralelo a ello, es vital promover procesos de educación o sensibilización ambiental y una cultura del agua diseñados específicamente para abordar las realidades de la cuenca, trascendiendo los enfoques exclusivamente municipales, provinciales o departamentales.

Pero esta labor no es posible sin antes cuestionar el concepto mismo de “cuenca” y esta es justo nuestra puerta de entrada y el grano de arena que deseamos aportar aquí.

Referencias

Alarcón, J. (1990). Exploraciones arqueológicas en el suroccidente de Cundinamarca. Boletín de Arqueología, 5(1), 29–40.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012, 27 de noviembre). Historia del poblamiento de Sumapaz. Bogotá.gov.co. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/sumapaz/historia-del-poblamiento-de-sumapaz

Bautista Gómez, M. M. (2018). Dinámicas de la construcción social del territorio de la localidad de Sumapaz (Bogotá, Colombia): entre los conflictos socioambientales y la resistencia campesina. Pampa, (17), 9–30.

Comisión de la Verdad. (s. f.). Resguardos indígenas. https://www.comisiondelaverdad.co/resguardos-indigenas

Consejo de Estado. (2018, 19 de octubre). Consejo de Estado suspende consulta minera. https://www.consejodeestado.gov.co/news/consejo-de-estado-suspende-consulta-minera/index.htm

Cruz Rodríguez, E. (2017). La rebelión de las ruanas: el paro nacional agrario en Colombia. Análisis, 49(90), 83–109.

De tour por Cundinamarca. (s. f.). Cerro de Quinini. https://detour.cundinamarca.gov.co/geomarker/cerro-de-quinini

Entretenimiento Tolima. (2022, 5 de enero). Web de noticias del entretenimiento en el Tolima. https://entretenimientotolima.com/ruta-turistica-suroriente-tolima/

Galeano, L. E. (2019). ¡Por el agua y por la vida!: conflictividades socioambientales y defensa territorial en el Tolima. Revista 100 Días, (97), 1–8.

Heinrich-Böll-Stiftung. (2017, 14 de agosto). Declaración del Sumapaz: avanzando en la construcción del movimiento nacional ambiental y de defensa de los territorios. https://co.boell.org/es/2017/08/14/declaracion-del-sumapaz-avanzando-en-la-construccion-del-movimiento-nacional-ambiental-y

Herrera González, V. (2023, 30 de junio). Tolima imperdible: estos son sus destinos más populares. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/mas-contenido/tolima-imperdible-estos-son-sus-destinos-mas-populares-781916

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. (2023). Vida campesina, procesos organizativos y patrimonio vivo en el Sumapaz. Sello Editorial IDPC.

León Mancipe, I. Y. (2020, 24 de octubre). Las razones para impulsar la exploración minera en el país. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/mas-contenido/las-razones-para-impulsar-la-exploracion-minera-en-el-pais-545121

Martínez Cendales, D. F. (2023). Turismo ecológico, cultural e histórico: análisis del potencial turístico bajo enfoque sostenible y sustentable en Fusagasugá. Repositorio CDIM. https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27920/MARTÍNEZ%20CENDALES%20DEYBER%20FABIÁN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mendoza Marín, J. C., Fabre Platas, D. A., & Vidriales Chan, G. (2019). Metavaloración del enfoque de cuenca social como modelo de gestión del territorio: el caso de Sendas, A. C., miembro de la Coalición de Organizaciones de la Biorregión Jamapa-Antigua (COBIJA).

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico.

Morales Acosta, C. A. (2017, 17 de junio). ¿Por qué Sumapaz dice no al turismo? Las 2 Orillas. https://www.las2orillas.co/sumapaz-dice-no-al-turismo/

Morales, C. A. (2023, 21 de febrero). Movimiento campesino en la primera mitad del siglo XX: la lucha de los agraristas del Sumapaz. Credencial Historia, (397).

Moreno Herrera, J. N. (2017). Cuando el río suena, agua lleva: defender para gobernar en la provincia de Sumapaz. Universidad Santo Tomás.

Ortiz Páez, A. (2017). La influencia de la acción colectiva de las protestas agrarias del siglo XX de la región de Sumapaz en el paro nacional agrario de 2013, del municipio de Pasca (Cundinamarca).

Perales, V. H. (2016). La cuenca social como aproximación sociológica a las intervenciones en cuencas hidrográficas. Temas Sociales, (39), 221–240.

Portillo, G. (2024). Agroturismo: qué es, características y actividad. ecologiaverde.com. https://www.ecologiaverde.com/agroturismo-que-es-caracteristicas-y-actividades-4793.html

Rodríguez Vargas, K. A. (2019, julio). Ecoturismo en la Senda de los Pioneros, Parque Nacional Natural Sumapaz.

Secretaría de Cultura de Fusagasugá. (2020, 24 de septiembre). Encuentro regional sobre patrimonio cultural: Cabrera, Silvania y Tibacuy [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/SecretariadeCulturadeFusagasuga/videos/1009389529501270

Solano Vinchira, L. Y. (2020). Turismo en el Sumapaz: un conflicto territorial por el manejo del páramo [Trabajo de grado de maestría, Universidad de los Andes].

Tierra Libre. (2022, 21 de octubre). ¿Por qué conmemorar el 21 de octubre como el Día de la Dignidad Sumapaceña? https://tierralibreco.org


  1. Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), están respaldadas por el Decreto 1777 de 1996 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1996) y resultan aplicables en áreas de colonización con tierras baldías que requieren regulación de la propiedad rural.↩︎